El oficialismo logró este miércoles la media sanción en la Cámara de Diputados del denominado Super RIGI, un nuevo régimen para fomentar las inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” que todavía no se han desarrollado en el país.
La votación cerró de forma más ajustada de lo anticipado por los libertarios. Fueron 130 votos afirmativos y 106 negativos. La Libertad Avanza sumó el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) e Innovación Federal.
El Super RIGI busca incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en industrias y tecnologías de frontera. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.
Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y —como el RIGI— contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.
Por otro lado, se incluyó la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
También se exigirá que los proyectos de inversión cuenten con un informe técnico que demuestre que no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.
