El Juzgado Federal de Salta N° 2 hizo lugar en su totalidad a la acción de amparo interpuesta por el abogado Sebastián Aguirre Astigueta en representación de Ana Rosario Liendro —madre de tres hijos menores, con hemiplejia espástica y un 80 % de incapacidad laborativa permanente—.
A Ana Rosario Liendro, el Estado Nacional le había suprimido arbitrariamente su única fuente de ingresos. La condena recae sobre el Ministerio de Salud de la Nación, sucesor legal de la disuelta ANDIS. El fallo llega en el preciso momento en que el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone nuevos recortes y restricciones al universo de beneficiarios.
Liendro, de 40 años, padece hemiplejia espástica y epilepsia, y tiene una incapacidad laborativa permanente del 80%. Vive en las serranías de Cafayate, en un módulo habitacional precario, junto a sus tres hijos menores de edad. Hasta el 8 de julio de 2025 su única fuente de sustento era la pensión no contributiva por invalidez que le abonaba el Estado nacional —el último depósito fue $280.011,16—. Sin embargo, “sin previo aviso, sin acto administrativo fundado, sin auditoría médica efectiva ni notificación fehaciente, el pago fue interrumpido”.
Como consecuencia directa de esa suspensión, el grupo familiar perdió simultáneamente la cobertura de salud y la Asignación Universal por Hijo. La familia quedó privada de todo ingreso propio, subsistiendo únicamente con ayuda de vecinos y familiares. Cuando Liendro acudió a la oficina de la ANSeS de Cafayate a preguntar qué había ocurrido, nadie le dio respuesta.
El organismo demandado, que al principio era la ANDIS, no contestó la acción de amparo presentada. Tampoco envío un informe requerido y no cumplió la medida cautelar dictada el 11 de noviembre de 2025.
Se trata de una madre con tres hijos menores
El fallo judicial en favor de Ana Liendro no es un hecho aislado: se dictó en un contexto de una política sistemática de recorte de derechos de las personas con discapacidad que el Gobierno nacional lleva adelante desde diciembre de 2023, que en este caso es el único sustento de sus tres hijos menores.
El Presupuesto 2026 proyecta una reducción de 155.606 pensiones no contributivas por invalidez —una caída del 13% respecto del padrón actual, de 1.133.549 beneficiarios—, pasando a solo 977.943 titulares. El propio Ministerio de Salud reconoció que esa reducción es el resultado directo de las auditorías en curso.
