La situación judicial del exdiputado nacional por Salta Emiliano Estrada sumó este martes un nuevo capítulo. El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que sea citado a declaración indagatoria en la causa que investiga el supuesto uso de recursos del Congreso de la Nación para montar una estructura destinada a producir y difundir contenidos falsos en redes sociales.
El requerimiento fue presentado este martes 6 de octubre ante el juez federal Sebastián Casanello y apunta al presunto delito de peculado de trabajo y servicios, previsto en el artículo 261 del Código Penal. Según informó Clarín, esa figura contempla una pena de dos a diez años de prisión.
El pedido de la Fiscalía no implica que Estrada haya sido condenado ni que el juez haya ordenado ya su indagatoria. Casanello deberá resolver ahora si hace lugar al requerimiento y lo convoca formalmente a declarar.
El centro de la investigación está puesto sobre dos personas que trabajaban como asesores de Estrada y cuyos salarios eran pagados con fondos públicos del Congreso durante su mandato como diputado nacional.
Marijuán sostuvo en su presentación que el dirigente salteño habría utilizado «trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio». La hipótesis fiscal sostiene que esos empleados habrían sido destinados a confeccionar y difundir videos falsos, bajo el anonimato de las redes sociales, en beneficio político del entonces legislador.
Las publicaciones se difundían principalmente a través de cuentas anónimas de TikTok y apuntaban contra dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Parte del material buscaba vincular al Gobierno de Salta con actividades relacionadas con el narcotráfico, según consta en la investigación.
Uno de los elementos que adquirió relevancia dentro del expediente es lo ocurrido con los dos colaboradores involucrados.
Según antecedentes de la causa, ambos reconocieron ante la Justicia su participación en las tareas investigadas y acordaron previamente un juicio abreviado en Salta. Fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública y a un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Una de las colaboradoras declaró que Estrada era quien le impartía las órdenes y directivas sobre los trabajos que realizaba o encargaba, incluidos contenidos gráficos y audiovisuales. También reconoció haber participado en la creación de cuentas de TikTok destinadas a perjudicar a determinadas personas del ámbito político, empresarial y mediático.
Estos antecedentes forman parte del escenario que ahora analiza la Justicia Federal porteña.
