Desde los gremios denuncian que el Gobierno nacional no convocó a paritarias y que existe una pérdida acumulada del poder adquisitivo que ya supera el 50%. A través de un comunicado, la docencia universitaria y preuniversitaria fue directa, sin vueltas: “No hay respuestas, no hay convocatoria a paritarias, no hay cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”. Según advierten, esta política apunta a profundizar la crisis salarial de docentes y no docentes, al tiempo que debilita el sistema universitario público. En ese marco, las organizaciones gremiales sostienen que el incumplimiento de la Ley 27.795, sancionada en 2025 tras superar un veto presidencial, afecta no solo a los trabajadores del sector, sino también al conjunto de la sociedad.
“Cuando se desfinancia la universidad pública se recorta el futuro, se achica la ciencia y se precariza la docencia”, remarcaron. El argumento, insistente, pero difícil de refutar, es que la universidad pública no representa un gasto sino una inversión estratégica. Traducido: menos financiamiento implica menos acceso, menos investigación y menos oportunidades para miles de estudiantes. Lejos de tratarse de una medida aislada, el conflicto anticipa una escalada.
La CONADU ya adelantó que convocará a nuevas acciones hacia fines de abril, mientras que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió un esquema de paros semanales: 31 de marzo y luego los días 8, 17 y 23 de abril.
