A casi 15 años del crimen de las ciudadanas francesas en la provincia de Salta, la investigación volvió a generar controversia.
En los últimos días, la fiscalía que impulsa la revisión del expediente avanzó con nuevas medidas tras la repatriación de muestras genéticas desde Buenos Aires, con el objetivo de esclarecer puntos aún pendientes en uno de los casos más resonantes de la historia criminal local.
La citación y la ausencia
En ese contexto, fue citada Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, para someterse a un hisopado con fines comparativos.
Sin embargo, la mujer no se presentó a la audiencia ni accedió a la extracción de ADN, lo que reavivó el debate en torno a las herramientas utilizadas por la fiscalía en esta etapa de revisión.
Duras críticas de la defensa
El abogado defensor, José Vargas, cuestionó con firmeza la medida y recordó el rol inicial de su defendido en la investigación.
«Hace casi 15 años, Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas. De guía pasó a imputado y luego a condenado», sostuvo.
Además, planteó objeciones sobre la legalidad del procedimiento:
«Se realizó a espaldas o sin orden del juez de Garantías. Allí se vulneraron derechos», afirmó.
Cuestionamientos por otras actuaciones
Vargas también apuntó contra otras medidas recientes en la causa, como la citación a declarar de vecinos de San Lorenzo, entre ellos Daniel Tolaba y María Graña, quienes finalmente no prestaron testimonio tras la oposición de la defensa.
Según el letrado, estas actuaciones se realizaron «sin pedido oficial y fuera de lo que indica el Código Procesal Penal de la Provincia».
El trasfondo judicial de Vera
El caso de Santos Clemente Vera ha atravesado un complejo derrotero judicial.
Tras haber sido detenido, fue absuelto en el juicio oral bajo el beneficio de la duda. Posteriormente, el Tribunal de Impugnación revocó ese fallo y ordenó su condena.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dejó sin efecto esa decisión, disponiendo su liberación, en un proceso que marcó un precedente dentro de la causa.
Para la defensa, las nuevas medidas implican un retorno a las hipótesis iniciales de la investigación, centradas en habitantes de la zona.
En tanto, se espera que la fiscalía formalice ante el Juzgado de Garantías un eventual pedido de extracción de ADN, con fundamentos que justifiquen la medida.
