El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes para conocer el destino de unos $9 millones que nunca ingresaron a las arcas municipales.
Los concejales exigieron al Departamento Ejecutivo que detalle el estado de los expedientes administrativos abiertos contra dos exagentes municipales identificados como M. Landriel y S. Aparicio. Según las investigaciones internas, ambos estarían involucrados en maniobras que habrían generado un perjuicio económico millonario a las finanzas del municipio.
Las irregularidades detectadas incluyen el cobro de tasas y habilitaciones comerciales donde varios comerciantes presentaban comprobantes de pago sellados, pero ese dinero nunca había ingresado a las cuentas oficiales. La actual gestión municipal detectó más de cien comercios con habilitaciones en regla aparente que ocultaban serias anomalías.
El intendente Enrique Borelli había revelado meses atrás que la auditoría interna de 2023 detectó un faltante estimado entre 8 y 9 millones de pesos. Ese hallazgo derivó en sumarios administrativos, cesantías de personal y una denuncia penal para determinar las responsabilidades del caso.
Más allá de la conducta individual de los empleados involucrados, el caso reabre el debate sobre los controles internos que debían existir en aquella gestión. La comunidad se pregunta cómo fue posible que durante varios meses se registraran pagos que no se reflejaban en las arcas municipales sin que se detectara la anomalía a tiempo.
Desde la oposición y diversos sectores políticos se señala que, si las sospechas se confirman, no solo estarían involucrados los exempleados sino también una eventual responsabilidad política por la falta de supervisión en un área tan sensible como Rentas. Hasta el momento, la exintendenta Yolanda Vega, actual diputada nacional, no realizó declaraciones públicas sobre esta nueva arremetida.
El pedido de informes aprobado por unanimidad -incluso con el voto de un concejal cuyo hermano es uno de los principales acusados- busca conocer las sanciones aplicadas, si las actuaciones fueron remitidas a la Justicia provincial y, principalmente, si se pudo determinar con precisión el monto total del daño económico. Los vecinos de Cerrillos esperan respuestas concretas sobre el destino de ese dinero que pagaron los comerciantes y que nunca llegó al municipio.
