Tras el arribo de nuevos refuerzos desde Salta y el descenso de la temperatura, los focos lograron ser controlados. El combate demandó más de 18 horas ininterrumpidas y el uso de más de un millón de litros de agua. Calculan que casi la totalidad del bosque nativo fue consumido por cuatro siniestros intencionales, mientras los vecinos exigen a la Justicia una investigación a fondo y medidas urgentes de protección.
En la madrugada del viernes, el crítico panorama que mantenía en vilo al Valle Calchaquí comenzó a dar un necesario respiro. Con la llegada de 12 bomberos de refuerzo provenientes de la ciudad de Salta y el marcado descenso de la temperatura tras el agresivo paso del viento zonda, las autoridades confirmaron que el fuego se encuentra actualmente controlado.
Los equipos de emergencia, conformados por Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía, brigadistas forestales y Defensa Civil, pudieron tomar un breve descanso luego de más de 18 horas de trabajo a destajo y combate cuerpo a cuerpo contra las llamas. La magnitud de la labor quedó evidenciada en un dato alarmante brindado por las autoridades logísticas: ya se llevan consumidos más de un millón de litros de agua en los operativos de sofocación y enfriamiento, un esfuerzo hídrico y operativo sin precedentes recientes en la región.
Un ecosistema reducido a cenizas
El saldo de estas últimas semanas es devastador para el medio ambiente local. Especialistas y brigadistas estiman que, en menos de un mes, ya se perdieron alrededor de 200 hectáreas. Esto significaría la destrucción de casi el 90% del bosque nativo de Cafayate, un ambiente sumamente frágil y de altísimo valor ecológico. Según los primeros reportes y las pericias en el terreno, esta catástrofe ambiental es el resultado directo de cuatro incendios sucesivos que se presumen habrían sido originados de manera intencional.
El caos del jueves: fuego, viento zonda y heridos
La situación había alcanzado un nivel de tensión extrema durante la jornada del jueves. Las ráfagas de viento zonda, que tocaron picos de 70 kilómetros por hora, avivaron el calor oculto bajo las raíces y troncos secos, reactivando los focos subterráneos que habían quedado de la semana pasada. Este fenómeno generó un espectáculo desolador: llamas que superaban los 10 metros de altura y columnas de humo que oscurecieron el cielo cafayateño.
La agresividad del siniestro obligó a las autoridades a interrumpir el tránsito sobre ambas márgenes de la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 8, pidiendo a la población no acercarse con vehículos para no saturar la arteria vital. El denso humo y las ráfagas impidieron que el avión hidrante operara de forma permanente, aunque los pilotos, arriesgando su seguridad, lograron concretar 15 descargas estratégicas en los escasos momentos de estabilidad meteorológica.
En medio de este escenario cambiante e impredecible, dos agentes de Defensa Civil de la provincia sufrieron quemaduras de diversa consideración al quedar atrapados temporalmente por un repentino cambio en la dirección del viento y el fuego. Ambos fueron trasladados y atendidos de urgencia en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, donde se constató que, afortunadamente, las lesiones no revisten gravedad extrema, aunque permanecen bajo observación.
Todo el megaoperativo fue supervisado desde el terreno por el ministro de Seguridad de la provincia, Gaspar Solá Usandivaras, el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, y el jefe de Bomberos Voluntarios locales, Gabriel Domingo. Además, tras activar la alerta nacional, se aguarda el arribo y la intervención de la Brigada Nacional Centro, dependiente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Denuncia penal: la mirada puesta en la «Finca del Monte»
En paralelo al extenuante combate físico contra el fuego, crece la indignación vecinal y la tensión judicial. Profundamente preocupados por la sistemática reiteración de estos eventos y el riesgo inminente de que las llamas alcancen sus viviendas, los vecinos del barrio Pueblo Nuevo formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Cafayate.
La comunidad de Pueblo Nuevo y de todo Cafayate aguarda ahora una respuesta judicial rápida y contundente. El petitorio exige que se dicten medidas urgentes de «no innovar» sobre el área afectada, impidiendo así cualquier tipo de modificación, limpieza del terreno, cambio de uso de suelo o desarrollo inmobiliario en las 200 hectáreas arrasadas, hasta que la Justicia determine las responsabilidades de quienes provocaron este ecocidio.
