La investigación por la tragedia ocurrida el 5 de mayo de 2026 en Rivadavia Banda Sur sumó un importante avance judicial. La fiscal penal María Sofía Fuentes imputó de manera provisional a cuatro responsables de Aguas del Norte, a quienes acusa de haber incumplido los protocolos de seguridad que debían proteger a los trabajadores.
Los imputados deberán responder por los presuntos delitos de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, por la muerte de dos operarios, y lesiones graves, en perjuicio del único sobreviviente.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la cuadrilla realizaba tareas de mantenimiento en el sistema cloacal cuando, tras advertir una obstrucción, tres operarios descendieron a una cámara de aproximadamente siete metros de profundidad.
Pocos segundos después, los tres comenzaron a descompensarse.
Dos trabajadores fallecieron en el lugar y un tercero logró sobrevivir, aunque sufrió graves lesiones.
Las autopsias confirmaron que ambas víctimas murieron por asfixia tóxica. En uno de los casos, los análisis detectaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente peligroso que suele acumularse en espacios confinados y puede provocar la pérdida del conocimiento y la muerte en muy poco tiempo.
La investigación sostiene que los operarios ingresaron al espacio confinado sin los elementos de protección obligatorios para este tipo de trabajos.
Entre las principales irregularidades detectadas figuran la ausencia de:
Detectores de gases.
Equipos de respiración.
Arneses de seguridad.
Líneas de vida.
Sistemas de rescate.
Además, la Fiscalía sostiene que los trabajadores no habrían recibido capacitación específica sobre los riesgos que implica intervenir en cámaras cloacales.
La imputación alcanza a cuatro integrantes de la estructura operativa de la empresa:
El jefe Operativo-Supervisor, por presuntamente no controlar ni supervisar adecuadamente el trabajo de la cuadrilla.
El coordinador de Higiene y Seguridad, por no implementar ni controlar los protocolos exigidos.
La responsable del Área de Higiene y Seguridad, por no garantizar la capacitación ni los elementos de protección.
El gerente Operativo del Interior Provincial, por no asegurar los recursos materiales y de seguridad necesarios para desarrollar las tareas.
Según la fiscal Sofía Fuentes, todos ellos tenían un deber de garante, es decir, la obligación legal de prevenir riesgos laborales y garantizar condiciones seguras para los operarios.
