La tragedia ocurrida en la rotonda de Limache sigue generando conmoción en Salta, pero en paralelo se encendió otra alarma: la viralización de videos y fotos del siniestro. Desde distintos sectores advierten que compartir ese material no solo es una falta de respeto, sino que también puede terminar en la Justicia con sanciones millonarias.

El hecho, que involucró a un colectivo de SAETA y dejó como saldo la muerte de un ciclista, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y grupos de WhatsApp. Sin embargo, lo que más indignación generó fue la circulación de imágenes sensibles del cuerpo sin vida.

«Detrás de esas imágenes hay una familia destrozada», remarcaron. El mensaje es claro: no se trata de informar, sino de revictimizar.

El problema no es solo ético. También puede traer consecuencias legales muy serias. En los últimos meses ya hubo antecedentes en el país que marcan un camino claro.

En 2026, en Santa Fe, la Justicia avanzó en la investigación contra personas que difundieron imágenes sensibles en el denominado «caso Jeremías». Mientras que en Junín, tres individuos fueron condenados a pagar $2,5 millones cada uno por compartir contenido privado.

Según especialistas, la ley contempla demandas por daños y perjuicios cuando se difunden imágenes de personas fallecidas sin autorización de la familia. Y un dato clave: no existe el anonimato total en internet.

Los peritajes digitales permiten rastrear no solo a quien grabó el video, sino también a cada persona que lo reenvió. Es decir, la responsabilidad no termina en quien filmó: también alcanza a quienes deciden compartir.

En medio de la conmoción por el siniestro, el llamado es directo: pensar antes de reenviar. La exposición de imágenes de este tipo profundiza el sufrimiento de los familiares y convierte una tragedia en un espectáculo.