La situación del sector de discapacidad encendió alarmas en el Senado de Salta, donde referentes de familias, prestadores y organizaciones expusieron un panorama crítico y cuestionaron con dureza un proyecto de ley impulsado a nivel nacional.
Ante este escenario, los legisladores provinciales acordaron avanzar en la convocatoria a diputados y senadores nacionales por Salta para conformar una mesa de trabajo y debatir la problemática antes de que la iniciativa llegue al Congreso.
Durante el encuentro, los representantes del sector advirtieron que la denominada «Ley contra el fraude de las pensiones por invalidez» podría implicar un retroceso en derechos adquiridos durante décadas.
Entre los principales cuestionamientos, señalaron:
La posible eliminación del nomenclador nacional
La desregulación de aranceles por regiones
El uso de cruces de datos con organismos como ARCA para dar de baja beneficios
Según denunciaron, estas medidas podrían afectar servicios esenciales como medicamentos, transporte, educación y alimentación.
Los prestadores también expusieron una situación económica límite, con demoras de más de 120 días en los pagos, lo que dificulta el sostenimiento de servicios básicos.
En paralelo, las familias describieron el impacto cotidiano de la crisis: dificultades para acceder al transporte, interrupciones en tratamientos y una creciente carga económica.
«El ajuste no puede pasar por los más necesitados», remarcaron durante la reunión.
El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, junto a legisladores como Jorge Soto, Daniel Moreno y Alejandra Navarro, entre otros.
Soto ratificó el respaldo institucional al sector y la urgencia de involucrar a los representantes nacionales. En la misma línea, Moreno llamó a un diálogo amplio entre fuerzas políticas.
Por su parte, el libertario Roque Cornejo planteó la necesidad de revisar el destino de los fondos y sostuvo que algunas medidas nacionales apuntan a corregir irregularidades, aunque reconoció que también generaron recortes.
Finalmente, Navarro subrayó que se trata de una discusión que debe trascender las diferencias políticas: «Estamos hablando de derechos fundamentales».
