La Justicia dispuso que el abogado permanezca con arresto domiciliario y custodia fija hasta que se le asigne una tobillera electrónica. Está investigado por presuntas estafas en la venta de terrenos inundables e inhabitables.
Este jueves se realizó la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra el abogado Santiago Pedroza, en el marco de una causa por la presunta comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita.
La investigación está vinculada a la comercialización de terrenos que, según la acusación, serían inundables e inhabitables. En total, se le atribuyen 40 hechos de estafa.
Durante la audiencia, los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, integrantes de la Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal y detallaron la calificación legal, los hechos investigados y el grado de participación que se le atribuye al imputado.
También expusieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, junto con los elementos de prueba reunidos hasta el momento.
Una vez formalizada la investigación, los fiscales solicitaron la prisión preventiva de Pedroza. Argumentaron la existencia de riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga, teniendo en cuenta la expectativa de pena en abstracto.
Además, pidieron que se realicen informes psicológicos, psiquiátricos y ambientales del imputado. También solicitaron la extracción física de los teléfonos celulares secuestrados para analizar comunicaciones con denunciantes o coimputados.
Luego de escuchar a las partes, la jueza de audiencias del distrito Centro, Victoria Montoya Quiroga, dispuso el arresto domiciliario de Pedroza.
La medida fue tomada en virtud de su estado de salud y para garantizar su seguridad. Hasta que se le asigne una tobillera electrónica, deberá permanecer en su domicilio con una consigna policial fija en la puerta de la vivienda familiar.
Entre las restricciones impuestas, la Justicia le prohibió mantener cualquier tipo de contacto, por cualquier medio, con los denunciantes o con los coimputados.
También se le prohibió tener contacto con medios masivos de comunicación y realizar publicaciones en redes sociales vinculadas a la causa.
Por último, la jueza aceptó la caución personal ofrecida por su pareja y una caución real presentada por la defensa, correspondiente a un inmueble sobre el que se trabará un embargo preventivo.
