La Justicia Federal formalizó una investigación contra el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana y otras 14 personas. La Fiscalía sostiene que habría funcionado una estructura para conseguir pensiones por discapacidad con documentación falsa y calcula un perjuicio de $3.280 millones mensuales.
El escándalo por las presuntas pensiones truchas en Salta sumó un capítulo de fuerte impacto político. Después de que el fiscal general Carlos Amad revelara que en el departamento Anta se detectaron alrededor de 5.000 beneficios otorgados de manera irregular, ahora trascendieron detalles de la investigación judicial que tiene bajo la lupa a funcionarios, profesionales de la salud y operadores de la zona.
Según un informe, la Justicia Federal formalizó la investigación contra el diputado provincial por Anta, Gerardo Francisco Orellana, y otras 14 personas. La hipótesis apunta a la existencia de una presunta organización que habría gestionado pensiones no contributivas por discapacidad utilizando documentación falsa o adulterada.
La audiencia se desarrolló ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy. La investigación es encabezada por Amad y tendrá, inicialmente, un plazo de un año.
«Tenían una especie de fábrica de certificados truchos. Le daban a gente que no estaba enferma certificados por Chagas o diabetes, con incapacidades del 80% o 90%. Falsificaban los análisis de sangre, superponían las placas radiográficas y lo único que hacían era cambiarles los nombres», afirmó el fiscal ante los colegas de Cadena 3.
La acusación sostiene que se habrían adulterado certificados médicos, historias clínicas, estudios de laboratorio, radiografías y otros documentos para conseguir o renovar prestaciones a nombre de personas que presuntamente no reunían las condiciones exigidas.
Amad también describió una situación todavía más delicada: según la investigación, algunas personas en condiciones de vulnerabilidad habrían tenido que pagar para acceder a las gestiones.
«Le cobraban a gente muy vulnerable. Las personas sacaban préstamos para poder pagarles y obtener o mantener sus certificados. También les enseñaban qué debían decir durante las auditorías para continuar con los beneficios».
Los montos presuntamente cobrados por estas gestiones habrían oscilado entre $20.000 y $1 millón, dependiendo del trámite y de la documentación requerida.
Uno de los nombres de mayor peso político que aparece en el expediente es el del diputado provincial Gerardo Francisco Orellana. Según la hipótesis fiscal, se investiga su presunta intervención en solicitudes correspondientes a personas que no habrían cumplido con los requisitos legales para recibir las prestaciones.
Otro de los puntos que deberá determinar la Justicia es si algunas de esas pensiones habrían sido utilizadas como herramienta de captación política en barrios, parajes rurales y sectores vulnerables.
Además del legislador, la causa alcanza a médicos, exautoridades hospitalarias, empleados públicos y otras personas que habrían ocupado diferentes lugares dentro del supuesto circuito. Las responsabilidades, de todos modos, deberán determinarse individualmente a medida que avance el expediente.
Entre los delitos atribuidos según el grado de participación que la Fiscalía asigna a cada investigado aparecen fraude contra la Administración Pública, asociación ilícita, falsedad documental e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
