En Nación evalúan pedir una revisión ante la propia Cámara, recurrir a la Corte Suprema estadounidense y solicitar la suspensión de la ejecución mientras se tramitan esos planteos.
La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo iniciado por sociedades españolas del Grupo Marsans. El monto reconocido por la Justicia estadounidense asciende a US$390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, más intereses posteriores a la sentencia.
La Procuración del Tesoro quedó a cargo de analizar los próximos pasos. En la estrategia legal argentina evalúan pedir una nueva revisión ante los mismos jueces que fallaron contra el país, solicitar que el caso sea revisado por una integración más amplia de la Cámara de Apelaciones o avanzar directamente con un planteo ante la Corte Suprema de Estados Unidos. “Estamos analizando eso”, expresan en Nación sobre las alternativas que siguen abiertas.
La primera opción apunta a que el mismo tribunal revise su decisión. La segunda busca que el fallo sea evaluado por más jueces de la Cámara de Apelaciones. Son recursos excepcionales, pero forman parte de las herramientas que la Argentina tiene sobre la mesa antes de definir si lleva el caso al máximo tribunal estadounidense.
El Ejecutivo también analiza solicitar una suspensión de los efectos del fallo y de las medidas de ejecución mientras se resuelven esos planteos. En términos prácticos, se trata de intentar frenar el avance del cobro y evitar que Titan pueda avanzar rápidamente con medidas sobre activos argentinos en Estados Unidos. “Todo. No descartamos nada”, resumen en despachos oficiales.
La Argentina apeló en 2025 e insistió con el plazo de prescripción de tres años. La Corte de Apelaciones confirmó ahora el criterio de primera instancia y sostuvo que el plazo aplicable es de doce años, lo que mantiene en pie el reconocimiento del laudo y el monto fijado contra el Estado argentino.
En Balcarce 50 buscan ganar tiempo y reducir el impacto financiero y judicial del fallo. La prioridad es evitar que la confirmación de la Cámara deje al Estado argentino en una posición más vulnerable frente a intentos de embargo o de reconocimiento de la sentencia en otras jurisdicciones de Estados Unidos.
El Gobierno remarca que el fallo no afecta a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino al Estado nacional. La condena deriva de la expropiación ejecutada durante el kirchnerismo y forma parte del lote de juicios internacionales que la actual administración exhibe como parte de la “herencia” recibida.
