El mismo establece la edad de imputabilidad desde los 14 años y modifica la manera en la que serán abordados los adolescentes que cometan delitos.

En este contexto, el defensor oficial juvenil N°1, Carlos Flores, quien explicó cómo impactará la nueva legislación en Salta, cuáles serán las sanciones previstas y qué herramientas existen en la provincia para abordar a los menores sometidos a un proceso penal.

El especialista indicó que la privación de la libertad no será la única respuesta contemplada por el nuevo régimen. La normativa establece una serie de medidas que podrán evaluarse de acuerdo con cada caso y los antecedentes del adolescente.

Entre ellas aparecen llamados de atención, reparación de los daños provocados a la víctima, restricciones de contacto o acercamiento a la víctima y sus familiares, prohibición de salir del país y restricciones para concurrir a determinados lugares.

Flores explicó que los antecedentes también serán considerados al momento de determinar qué medida corresponde aplicar.

El objetivo, señaló, será que el adolescente tome conciencia de sus actos, comprenda que sus acciones tienen consecuencias y cuente con herramientas que permitan avanzar hacia su resocialización.

Otro de los aspectos novedosos es el acompañamiento que deberá recibir el adolescente mientras esté sometido al proceso.

Según explicó el defensor, se buscará proporcionar herramientas para que pueda finalizar sus estudios y abordar situaciones relacionadas con adicciones o problemáticas familiares, cuando existan.

Para ello, la nueva normativa contempla un programa de abordaje que tendrá entre sus funciones supervisar el cumplimiento de las medidas establecidas.

Ante esta pregunta, Flores aseguró que sí y destacó particularmente la estructura existente en el Distrito Judicial del Centro.

Según explicó, Salta cuenta con institutos especializados para la detención de menores y adolescentes, además de dispositivos de apoyo y contención.

Dentro de estos espacios también se brindan herramientas para que los jóvenes puedan continuar y finalizar su escolaridad mientras atraviesan el proceso correspondiente.

Flores señaló que entre los hechos que aparecen con mayor frecuencia se encuentran los delitos contra la propiedad, como hurtos y robos.

También mencionó episodios relacionados con peleas entre grupos o barras y robos de elementos como camperas o gorras.

Sin embargo, el defensor advirtió sobre otra situación que viene observándose: un incremento de causas vinculadas con delitos de índole sexual.

En ese sentido, hizo referencia a situaciones relacionadas con la falta de conciencia sobre el consentimiento que terminan siendo judicializadas.

Qué responsabilidad tendrán los padres

La nueva legislación también contempla la responsabilidad civil de los padres, madres o tutores por los delitos cometidos por sus hijos, explicó el defensor.

A su vez, el régimen incorpora medidas destinadas a reforzar los derechos de las víctimas, quienes deberán recibir información sobre el proceso y las decisiones que se adopten.

De esta manera, desde este sábado comienza una nueva etapa en el sistema penal juvenil, con adolescentes desde los 14 años alcanzados por el régimen, penas de hasta 15 años y un esquema que combina sanciones con medidas educativas y de reinserción social.