La Justicia condenó al abogado y a otro integrante de la organización por comercializar terrenos inundables e inhabitables. Entre ambos deberán resarcir a las víctimas por más de 24 millones de pesos.
La Justicia de Salta condenó este miércoles al abogado Santiago Pedroza y a otro integrante de una organización dedicada a la comercialización fraudulenta de terrenos ubicados en zonas inundables e inhabitables, en una causa que afectó a numerosas familias que fueron engañadas con falsas promesas de acceso a lotes.
La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, donde ambos acusados admitieron su participación en las maniobras delictivas.
Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes integraron la Unidad Fiscal que investigó el caso, demostraron que los condenados formaban parte de una estructura organizada dedicada a ofrecer y comercializar terrenos ajenos ubicados en sectores no aptos para asentamientos humanos por tratarse de áreas inundables e inhabitables.
La investigación determinó que el abogado Santiago Pedroza ocupaba un rol central dentro de la organización.
Por su parte, Roberto Fernando López utilizaba una identidad falsa y se hacía pasar por abogado para contactar a las víctimas y facilitar las operaciones fraudulentas.
Las condenas que impuso la Justicia
Luego de la confesión de ambos imputados y de la aceptación de los hechos, el juez del Distrito Judicial Centro, Diego Rodríguez Pipino, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Pedroza fue condenado a:
Tres años de prisión de ejecución condicional.
Cumplimiento de reglas de conducta.
Cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado.
Reparar el daño económico ocasionado a las víctimas por más de 21 millones de pesos.
En tanto, Roberto Fernando López recibió:
Tres años de prisión de ejecución condicional.
Cumplimiento de reglas de conducta.
El pago de 3 millones de pesos en concepto de reparación económica.
Deberán indemnizar a las víctimas
Además de las condenas penales, la Justicia dispuso que ambos responsables reparen económicamente el perjuicio provocado a las personas damnificadas.
En total, deberán afrontar un resarcimiento superior a los 24 millones de pesos, monto que busca compensar parte de las pérdidas sufridas por quienes fueron engañados mediante la venta de terrenos que no podían ser habitados.
