Según se informó oficialmente, el juez en lo Penal Juvenil y de Garantías 3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, resolvió concederle al menor el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. La medida fue dictada durante una audiencia flexible y multipropósito, donde además se fijaron reglas de conducta y acciones socioeducativas que deberá cumplir de manera obligatoria.
Entre las condiciones impuestas, el adolescente tendrá que realizar disculpas públicas ante las autoridades del establecimiento educativo en los tres turnos en los que funciona la institución. También deberá exponer frente a sus compañeros de curso sobre lo ocurrido, relatar lo que vivió durante su detención y explicar las consecuencias que tuvieron sus actos.
La resolución judicial también incluyó una reparación económica. En ese marco, la familia del joven deberá efectuar una donación mensual de una suma fija de dinero al Instituto Especializado de Alojamiento 1, como forma de resarcimiento por el impacto que generó la movilización de recursos públicos a partir de la amenaza.
Además, el magistrado ordenó que el menor se someta a un tratamiento psicológico obligatorio durante un año. Durante ese período tendrá que demostrar buena conducta y mantenerse alejado por completo del consumo de alcohol y de cualquier sustancia psicoactiva.
Al finalizar la audiencia, el juez dispuso la libertad inmediata del adolescente, que quedó bajo la guarda y responsabilidad de su madre.
La decisión judicial busca marcar un antecedente frente a una situación que generó alarma en toda la comunidad educativa salteña, con suspensión de clases, intervención policial y una fuerte inquietud entre docentes, alumnos y familias.
