El senador provincial por General Güemes, Enrique Cornejo, advirtió sobre la compleja situación que atraviesan las siete provincias productoras de tabaco y anticipó una convocatoria a legisladores nacionales y funcionarios del Gobierno nacional para mediados de noviembre. El objetivo será avanzar en modificaciones al Fondo Especial del Tabaco (FET) y buscar herramientas que permitan mejorar los ingresos de los productores.
Cornejo describió un escenario marcado por la sobreoferta de tabaco a nivel internacional, principalmente por los elevados niveles de producción de Brasil y países de África.
Según explicó, esta situación provocó una caída de los precios internacionales que repercute directamente en la rentabilidad de los productores argentinos.
El legislador señaló que Argentina produce alrededor de 120 millones de kilos de tabaco por año y que el 85% de esa producción se destina a la exportación. En ese contexto, la disminución de los valores internacionales limita la capacidad de los acopiadores para ofrecer precios que cubran los costos de producción.
A esta problemática se suma, según planteó Cornejo, el desfinanciamiento del Fondo Especial del Tabaco, vinculado a una distorsión comercial que estimó en un 40% en el precio de los cigarrillos. Frente a esta situación, informó que se presentó un proyecto de ley para adecuar el funcionamiento del Fondo a las nuevas modalidades de fabricación e incorporar una cláusula que establezca el valor inicial de pago por parte de las empresas cigarreras.
Además, indicó que solicitaron a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la implementación de un código QR en los paquetes de cigarrillos. La propuesta apunta a que los consumidores puedan escanearlo y conocer el precio establecido por el fabricante, como una herramienta para mejorar los mecanismos de control y transparencia sobre la comercialización.
El principal paso político previsto será una convocatoria para mediados de noviembre en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde se reunirán representantes de los productores, legisladores nacionales de las siete provincias tabacaleras y funcionarios del Gobierno nacional.
