Bajo la dirección de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF realizó cuatro allanamientos, secuestró documentación clave y detuvo a dos mujeres en el marco de una causa por presunta falsificación de certificados utilizados para mejorar puntajes en concursos y designaciones dentro del sistema educativo.
Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en General/Cnel. Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación, tras una denuncia del Ministerio de Educación por la supuesta incorporación masiva de documentación apócrifa en procesos de valoración docente.
La intervención de la UDEC comenzó el 17 de diciembre de 2025, luego de la presentación realizada por el secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, quien informó que una auditoría interna había detectado irregularidades de enorme magnitud.
Según lo reportado, de 292 unidades educativas auditadas, se habrían detectado 291 inscripciones con certificados presuntamente apócrifos, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados. El impacto habría sido mayor porque las Juntas Calificadoras comparten una base de datos, lo que amplió el alcance del presunto perjuicio.
Por disposición de la fiscal Salinas Odorisio, al día siguiente se requirió documentación a la Secretaría de Gestión Educativa para avanzar con el entrecruzamiento de información.
A partir de tareas de campo, análisis informático y pericias bancarias, los investigadores establecieron que los docentes eran contactados por Facebook mediante perfiles como «Cursos Educar» o bajo el alias «Ana Guzmán».
Según la investigación, se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje, supuestamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro. Tras pagar montos que iban desde $95.000 a $360.000, recibían certificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados.
El área de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales. Se detectaron duplicaciones exactas, múltiples registros vinculados a una misma persona y numeraciones inexistentes. Solo cinco casos coincidieron con registros válidos.
De acuerdo a los chats de WhatsApp, correos y registros digitales analizados, la causa logró identificar a tres personas clave: dos mujeres en Salta y un hombre que operaría desde San Carlos de Bariloche.
Una de las investigadas sería docente y preceptora en Joaquín V. González, con domicilio en Coronel Mollinedo, y cumplía un rol de captación y nexo territorial en el sur. Según la causa, operaba con el contacto «Prof. Vende Diplomaturas» y recibía pagos en cuentas a su nombre.
Otra mujer con domicilio en Embarcación habría actuado como soporte y «validación» técnica en el norte, utilizando el alias «Ana Guzmán» y un número con prefijo 11.
El tercer investigado, un hombre radicado en Bariloche, sería el administrador digital y receptor de parte del dinero.
Las pericias bancarias evidenciaron un flujo constante de transferencias entre las dos mujeres y el hombre, con movimientos casi inmediatos hacia este último.
Hasta el momento, la investigación determinó que 53 docentes habrían mejorado su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra tras presentar documentación apócrifa.
En chats incorporados a la causa, algunos reconocieron que no cursaban ni rendían, sino que adquirían el puntaje de forma directa, con conocimiento de la irregularidad.
Desde la UDEC informaron que la investigación continúa por los restantes certificados denunciados y no se descartan nuevas medidas en las próximas etapas.
