Días atrás se daba a conocer la imputación y detención de una ex empleada de la clínica Cruz Azul, de nuestra ciudad. Se la acusa de habilitar certificados o aptos físicos para carnet de conducir por miles de casos y que incluso, aún despedida, habría seguido emitiéndolos.

Ante el hecho, el abogado defensor de la mujer, el doctor José Ortín, habló y dio algunos detalles: “Ella sigue demorada. Realizamos presentaciones para un arresto domiciliario porque ella tiene un certificado de discapacidad. Tuvimos conocimiento de que durante el fin de semana tuvo 4 ataques de epilepsia que generan daños cerebrales o de salud. Así que por ese motivo estamos solicitando el arresto domiciliario”.

Sobre la acusación, el letrado detalló: “A ella la imputan por 3.400 y algo de casos, que la clínica Cruz Azul había encontrado supuestas irregularidades. Ya le habían mencionado esta situación en el mes de diciembre del año pasado; la obligaron a renunciar como consecuencia de esa situación. Ella, en esa oportunidad, había manifestado que la clave que ella tenía, si bien estaba a su nombre, no significaba que no la tuvieran otras personas, porque la verdad es que esa misma clave la utilizaban 5 personas dentro de la clínica”.

Ortín señala que: “Lo raro de este proceso es que, posterior a que desvinculan a mi clienta, a mi defendida, dos semanas después siguieron existiendo situaciones irregulares; ella ya no estaba trabajando pero en esa auditoría interna se detectan 6 casos más, como se detectaban casos en horarios en que ella no estaba trabajando”.

Según dijo el letrado: “Habría más involucrados. Vamos a solicitar algunas investigaciones porque resulta muy llamativo. Esto comenzó en el mes de marzo del año pasado, según la auditoría interna ellos entienden que existían 8 casos mensuales, pero si nosotros tenemos en cuenta desde marzo a la actualidad 3.400 casos, estamos hablando de 10 casos diarios, entonces hay alguna inconsistencia que se tendrá que ver o investigar: si hay algún tipo de información que no se está brindando o algún manejo por parte de la clínica que no lo están expresando, o si realmente eran 10 casos diarios en base a esta auditoría interna”.

El abogado denunció un posible acoso o abuso laboral por parte de alguien de la clínica que incluso fue desvinculado: “Tengo entendido que la llevaron a mi defendida a prestar declaración frente a un escribano, dio a conocer todas estas situaciones y esta cuestión en particular que había sufrido dentro de la clínica fue también algo que empezó a generar roces en lo laboral; en diciembre le informan esto. Es más, en el mes de enero ella escribió una carta, que la ofrecimos el día viernes en la fiscalía, donde manifestaba que se encontraba deprimida y que había sido víctima de un despido totalmente injusto”.

Ortín detalló sobre los casos: “A mí no me cierra, si nosotros hablamos que percibían $100.000 por caso y multiplicamos por más de 3.000 personas, tenemos que ver dónde iba ese dinero, porque estamos hablando de 350 millones de pesos, que es un montón de plata, y que realizando la Fiscalía un estudio de los datos bancarios de mi defendida, ni por asomo llega ese monto. Ella recibía transferencias de otras personas que no tenían que ver con esto. Hemos solicitado a la Fiscalía que ella pueda acceder a su teléfono celular para demostrar la licitud de esos montos que ella recibía”.

¿Qué dijo ella?: “Me dijo quiénes eran las otras 4 personas y eso lo iba a declarar. Desconozco si siguen trabajando en la clínica; entiendo que algunos sí, no tengo esa certeza”.

Sobre la clínica y su accionar ante tal hecho dijo: “Me llama la atención, por lo menos desde mi punto de vista, que no se enteren de que 10 casos, 10 personas dicen que se hicieron la aptitud física y no se la hicieron. Es llamativo, entonces será materia de investigación; veremos qué dice la clínica. Hemos pedido que citen a declarar a directivos, a las personas al frente, para ver el orden jerárquico, determinar quiénes eran los médicos que realizaban los aptos, psicólogos, para llegar a una claridad y determinar lo que realmente pasó, porque son muchos los casos, mucho el dinero y en definitiva se está imputando a una sola persona, que vendría a ser la titular de la clave, pero que la tenían otras personas más”.