La disputa judicial por la reconstrucción del Mercado San Miguel escaló a su punto máximo luego de que la Municipalidad de Salta presentara formalmente un pedido de jury de enjuiciamiento y suspensión provisoria contra el juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 2ª Nominación, Víctor Raúl Soria.
El escrito, ingresado por el procurador municipal Matías Risso bajo las causales de «mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo», cuestiona una serie de resoluciones dictadas por el magistrado entre octubre y noviembre de 2026 en el expediente de amparo impulsado por la Fundación San Miguel, presidida por el exadministrador del predio, José «Pepe» Muratore, con el objetivo de frenar los trabajos en el subsuelo del paseo comercial.
La ofensiva institucional del Ejecutivo ocurre en un momento decisivo para el histórico edificio céntrico -arrasado en gran parte por el incendio de noviembre de 2024-, cuyas obras de recuperación integral ya alcanzaron el 70% de ejecución en su primera etapa y proyectan su reapertura para los primeros días de 2027.
En su presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento, la Comuna remarcó que no pretende revisar el criterio técnico de un fallo sino denunciar un patrón reiterado de extralimitación sobre facultades propias del Ejecutivo y apartamiento de los deberes funcionales:
El conflicto de intereses del convenio de 2022: La Municipalidad recordó que el dominio comunal sobre los puestos fue fijado por las ordenanzas N° 12.371 y N° 15.151, y sostuvo que el acuerdo de concesión del subsuelo firmado el 30 de agosto de 2022 entre el Ente Descentralizado y la Fundación San Miguel presentaba un claro conflicto de intereses -ya que ambas entidades estaban encabezadas por Pepe Muratore-, motivo por el cual fue declarado jurídicamente inexistente mediante la Resolución N° 18/25 (ratificada luego por la Resolución N° 39/2026).
El escrito señala que Soria concedió el 15 de octubre una medida de no innovar sin contracautela ni ponderación del interés público; que el 29 de octubre rechazó por sí mismo y sin elevar al tribunal superior su propia recusación con causa (denegando luego la apelación, lo que motivó una queja ante la Corte de Justicia); y que el 10 de noviembre amplió la orden de paralizar obras en el subsuelo tomando como «hecho nuevo» una nota periodística sobre la reapertura en 2027 sin dar traslado previo.
Antecedentes y perjuicio económico:
La denuncia incorpora como muestra de reiteración otra cautelar dictada por Soria en diciembre de 2024 avalando una feria callejera frente al predio incendiado y el antecedente del caso «Alquimia S.R.L. c/ First Data S.A.», además de recordar pedidos de jury y denuncias previas que acumula el magistrado en Ciudad Judicial (como el freno a un aborto legal en 2013, una denuncia por violencia de género de la defensora oficial Natalia Buira y una presentación de la AFIP por habilitar el paso de más de 120 camiones con harina desde Bolivia hacia Jujuy fuera de su competencia).
Desde la gestión municipal advirtieron finalmente que detener la recuperación del estacionamiento subterráneo dentro de una obra licitada con un 70% de avance generaría mayores costos, reclamos de contratistas y la extensión de gastos de alquiler hasta que el tradicional mercado vuelva a abrir sus puertas.
