Una nueva sanción millonaria vuelve a poner al Banco Santiago del Estero en el centro de la polémica. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor informó que multó a la entidad con $83.587.180,05 por las condiciones de atención a sus clientes jubilados, quienes debían soportar largas filas y tiempos de espera excesivos, tanto en la vereda como dentro de la sucursal.

Pero detrás de las cifras hay una situación todavía más preocupante: dos adultos mayores sufrieron descompensaciones mientras esperaban ser atendidos. La gravedad de los episodios obligó a solicitar asistencia médica y uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital.

Lo ocurrido generó indignación por las condiciones a las que fueron expuestas personas de edad avanzada que habían concurrido a realizar sus trámites bancarios.

De acuerdo con lo informado por Defensa del Consumidor, las extensas filas y las demoras en la atención expusieron a los jubilados a situaciones que comprometieron su bienestar y su salud.

Durante esas esperas, dos adultos mayores se descompensaron y fue necesaria la intervención de una ambulancia. Uno de ellos debió ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Los episodios fueron considerados especialmente graves por las autoridades, debido a la vulnerabilidad de las personas afectadas y a las condiciones en las que debían permanecer hasta conseguir atención.

El reclamo no apunta solamente a la demora de un trámite, sino al derecho de los jubilados a recibir una atención adecuada, segura y respetuosa.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que el Banco Santiago del Estero ya había sido sancionado durante marzo de 2026 por más de $43 millones, también por problemas vinculados con el trato hacia sus clientes.

Ahora, apenas unos meses después, la entidad vuelve a recibir una multa millonaria por situaciones similares.

La reiteración de las sanciones pone nuevamente bajo cuestionamiento las condiciones de atención que enfrentan los adultos mayores cuando concurren a realizar operaciones bancarias.

Entre ambas multas, los montos informados superan los $126 millones.

Sin embargo, más allá del impacto económico de las sanciones, el problema central sigue siendo la necesidad de garantizar que los jubilados puedan realizar sus trámites sin soportar esperas que comprometan su salud.