El Gobierno espera con cautela la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en Malvinas y prepara distintas acciones jurídicas y diplomáticas según el resultado. En la Casa Rosada reconocen que una de las alternativas es que los jueces consideren que el futuro tribunal arbitral no tiene jurisdicción para intervenir en la controversia, pero aseguran que también contemplan decisiones favorables o parcialmente favorables. El pronunciamiento está previsto para el sábado 28 de noviembre, después de las audiencias que se realizaron esta semana en Hamburgo, Alemania.
En el Ejecutivo consideran que la fecha anunciada por el tribunal obliga a preparar respuestas para todos los escenarios. Las autoridades que participan de la estrategia descartan que la decisión sobre las medidas provisionales se postergue hasta 2027 y sostienen que el organismo deberá pronunciarse sobre la solicitud argentina. En Nación evitan anticipar un resultado y remarcan que el equipo jurídico ya trabaja sobre las alternativas que podrían abrirse después del fallo. La prioridad es preservar las posibilidades de actuación internacional sin presentar una eventual decisión adversa como el final del reclamo.
La evaluación oficial combina confianza en la presentación argentina con una advertencia sobre las expectativas. En el Gobierno destacan el trabajo de los especialistas internacionales que intervinieron en las audiencias, pero reconocen que no garantiza una resolución favorable. La delegación estuvo encabezada por representantes de la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, con la participación de juristas especializados en derecho internacional. En Balcarce 50 consideran que la Argentina hizo las presentaciones que correspondían y que ahora la decisión depende exclusivamente de los magistrados.
