El exintendente de Coronel Juan Solá-Morillo, Miguel Atta Gerala, fue absuelto en la causa que investigaba el robo y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano. La resolución fue dictada por unanimidad por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y la jueza Gabriela Catalano.
El histórico jefe comunal, que había sido destituido en 2024, llegó al juicio acusado de formar parte de la maniobra ilegal junto a su hijo José Miguel «Yopi» Gerala, quien ya había sido condenado a seis años de prisión en un juicio abreviado.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta consideró que los indicios reunidos durante el proceso no alcanzaron para acreditar su responsabilidad penal. Por eso, resolvió absolverlo por el beneficio de la duda.
Antes de dar a conocer la sentencia, el juez Batule sostuvo que existe la «sospecha suficiente» para profundizar la investigación sobre Atta Gerala, aunque remarcó que hasta ahora no aparecieron pruebas directas que lo vinculen con los delitos investigados.
Durante el juicio, sí quedó acreditado que su hijo proveía herramientas para cortar los rieles, que utilizaba mano de obra de comunidades originarias de la zona y que pagaba coimas a integrantes de fuerzas de seguridad para asegurar el traslado de la carga hasta Aguas Blancas, desde donde era cruzada en balsas por el río Bermejo hacia Bolivia.
Batule también señaló: «Es posible que esta decisión sea revisada por otro tribunal», al anticipar parte de los fundamentos del fallo. En ese sentido, explicó que Yopi podía haber usado el nombre de su padre para negociar coimas o imponerse ante terceros, solo para «chapear» sin que el exintendente tuviera conocimiento de lo que sucedía.
Otro de los puntos analizados fue el uso de una camioneta de Atta Gerala en parte de la maniobra. Pero los magistrados entendieron que no se pudo probar que supiera para qué era utilizada. Tampoco se acreditó que las herramientas usadas en el robo fueran las mismas que se guardaban en el taller municipal instalado dentro de su propiedad.
En los fundamentos, el tribunal destacó especialmente la declaración de Raúl Manuel, presidente de la comunidad wichí de Pluma de Pato, quien fue considerado un testigo central.
Según repasó Batule, Manuel relató que «nos dijo que el tiempo que Yopi hizo esto fue abril, mayo, junio, julio del año 2024. O sea, él estaba presente. La gente de su comunidad era utilizada para realizar esta extracción de los rieles, él fue el que hizo esta denuncia pública y desnudó públicamente el hecho que se estaba cometiendo».
Además, el juez remarcó: «La veracidad de su testimonio y el conocimiento que él tiene sobre lo que allí ocurrió resulta relevante no solo respecto a la no utilización de los bienes de la municipalidad, sino a quiénes eran los responsables y a quiénes no son los responsables. En este sentido, respecto a la responsabilidad de Atta Gerala, entendemos que lo desvincula de cualquier responsabilidad».
