El prolongado conflicto entre el Ministerio de Salud Pública de Salta y los profesionales anestesiólogos encontró una salida judicial transitoria, después de varias semanas de tensión que afectaron la realización de cirugías programadas en hospitales de la provincia.

En una audiencia celebrada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3, a cargo del juez Nicolás Postigo Zafaranich, el Gobierno provincial y la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) alcanzaron un acuerdo que establece el restablecimiento inmediato del servicio y su continuidad hasta el próximo 30 de noviembre. El entendimiento se produjo en el marco de una acción de amparo promovida por la Provincia contra la entidad profesional, luego de que las negociaciones administrativas no consiguieran resolver las diferencias económicas que dieron origen a la medida de fuerza. Según informó el Poder Judicial salteño, las partes asumieron el compromiso de mantener sin interrupciones la actividad de los quirófanos durante la vigencia del acuerdo. La audiencia contó también con la participación del fiscal civil Agustín Vidal, quien expresó su conformidad con lo convenido.

La crisis había comenzado a mediados de octubre y se extendió progresivamente a distintos establecimientos sanitarios, con especial impacto sobre los hospitales del interior provincial.

El acuerdo alcanzado contempla la realización de una mesa técnica entre el 16 y el 20 de noviembre, integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, delegados de ASAAR y un funcionario del Ministerio de Economía con facultades para tomar decisiones. La incorporación de Economía constituye un aspecto relevante, dado que las principales diferencias están relacionadas con los recursos destinados a financiar las prestaciones, los mecanismos de liquidación y la actualización de los honorarios. La instancia buscará establecer condiciones que permitan evitar una nueva interrupción del servicio una vez vencido el compromiso judicial. No obstante, el acuerdo difundido públicamente no acredita que se haya alcanzado una solución definitiva sobre las diferencias económicas.