La central obrera definió que presentará un recurso de inconstitucionalidad si el Senado sanciona la reforma laboral esta semana. Confirmaron una movilización al Congreso el viernes, pero descartaron un nuevo paro general.
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles y tomó una definición clave: si el Senado aprueba la reforma laboral, avanzarán con una presentación judicial para intentar frenar la ley.
En la central obrera dan por hecho que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para que la iniciativa sea sancionada esta semana. Frente a ese escenario, optaron por no convocar a un nuevo paro general, pese al reclamo de los sectores sindicales más combativos.
La CGT confirmó que participará de una movilización al Congreso este viernes, día en que se trataría el proyecto en el Senado. Sin embargo, descartaron una huelga nacional.
Puertas adentro evaluaron que un paro en la antesala de una votación que consideran «encaminada» tendría escaso impacto en el resultado legislativo y un alto costo político.
Los gremios más duros también decidieron marchar, pero sin impulsar una medida de fuerza nacional, lo que marca diferencias tácticas, aunque sin ruptura formal dentro del movimiento sindical.
La discusión pasará ahora al terreno judicial. La CGT anticipó que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal si la ley es aprobada.
Entre los principales argumentos que analizan los equipos jurídicos sindicales figuran:
La presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos del trabajador.
El principio de no regresividad de los derechos sociales.
Cambios en el derecho de huelga.
La ampliación del período de prueba.
La posibilidad de modificar esquemas indemnizatorios mediante convenios colectivos.
La redefinición de conceptos salariales que podrían afectar el cálculo de indemnizaciones.
En la conducción cegetista reconocen que la Corte Suprema podría no suspender la ley en su totalidad y que muchos planteos podrían resolverse caso por caso. Sin embargo, consideran que la judicialización es la única herramienta institucional disponible una vez agotada la vía parlamentaria.
Mientras el oficialismo insiste en que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral, desde la CGT sostienen que implica un retroceso en derechos adquiridos.
La sesión del viernes en el Senado será determinante. De aprobarse la norma, el conflicto pasará de inmediato a los tribunales y abrirá un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical.
