La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como introdujo cambios al texto que había enviado el Senado, deberá volver a esa Cámara: la votación no significa que todas las medidas ya estén vigentes.
Aunque se debatieron durante una misma sesión, propiedad privada, discapacidad y endeudamiento son temas de proyectos diferentes. Para entender qué puede cambiar en Salta, conviene mirar cada uno por separado.
Tierras rurales: los extranjeros pueden comprar, pero con límites
El texto aprobado incorpora la restitución de la Ley de Tierras Rurales, cuya derogación había sido dispuesta mediante el DNU 70/23 y luego quedó atravesada por decisiones judiciales. El cambio ya estaba incorporado al dictamen de comisión antes de la sesión.
La ley establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales, con límites nacionales y territoriales. No prohíbe toda compra por extranjeros: fija condiciones. Por ejemplo, establece un máximo de 1000 hectáreas por titular en la zona núcleo, o una superficie equivalente en otras regiones.
Para Salta importa por sus campos y sus zonas de frontera. Una compra rural realizada por una persona o empresa alcanzada por la norma debe respetar esos controles. Esto tampoco equivale a entregar derechos mineros: comprar un terreno y obtener una concesión minera son trámites diferentes.
Desalojos: buscan que el propietario recupere antes el inmueble
El proyecto propone acortar procedimientos judiciales para recuperar propiedades usurpadas. No habilita al dueño a sacar personas por su cuenta: sigue siendo necesaria la intervención de un juez y la acreditación de sus derechos.
En Salta, el alcance concreto dependerá del texto definitivo y de las reglas aplicables a cada proceso. El debate enfrenta dos preocupaciones: la demora que sufren propietarios para recuperar un inmueble y la protección de quienes atraviesan conflictos habitacionales o de posesión. En comisión, también hubo advertencias sobre las comunidades originarias.
Discapacidad: qué significa una pensión del 70%
En otro proyecto, el oficialismo propone un régimen permanente que conserve beneficios de la emergencia. Incluye una pensión equivalente al 70% de la jubilación mínima y compatibilidad con trabajo registrado o monotributo bajo determinadas condiciones. Si la jubilación mínima fuera $100, la pensión sería de $70: es un ejemplo para entender la proporción.
Para las familias salteñas, también importa cómo se pagan terapias, traslados y otras prestaciones. La propuesta contempla actualizaciones de aranceles y cobertura de Incluir Salud. No significa que cualquier persona con Certificado Único de Discapacidad obtenga automáticamente una pensión. Organizaciones del sector cuestionaron el proyecto y reclamaron garantías de atención y presupuesto.
Deudas: informar mejor no es lo mismo que refinanciar
En endeudamiento hay dos enfoques. El oficialismo prioriza información clara sobre créditos y prevención de fraudes. La propuesta opositora plantea, bajo requisitos específicos, refinanciar deudas, limitar las cuotas respecto de los ingresos y eliminar intereses por atraso.
Para un salteño que no llega a pagar la tarjeta, la diferencia es concreta: conocer mejor los costos ayuda al contratar; un plan de refinanciación busca aliviar una deuda existente. No corresponde anunciar una quita o nuevas cuotas disponibles mientras esas medidas sigan siendo propuestas.
