En el marco de la causa por el femicidio de Natalia Marilin Cruz, el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, pidió formalmente un informe integral sobre la investigación en curso.
El requerimiento fue dirigido a la fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, quien tiene a su cargo el expediente en el que se encuentra imputado Daniel Orlando Serapio.
Según se informó oficialmente, la solicitud apunta a contar con un análisis completo del contexto institucional en el que ocurrieron los hechos, así como de todas las intervenciones realizadas por los distintos organismos del Estado con competencia en violencia de género.
La revisión pretende reconstruir de manera objetiva y articulada cómo funcionaron los mecanismos de actuación frente a una situación de extrema gravedad, incluyendo la labor del Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, organismos de asistencia y los órganos judiciales intervinientes.
El pedido se enmarca en una instancia de evaluación destinada a examinar la adecuación, oportunidad y coordinación de la respuesta estatal brindada en el caso.
El objetivo es detectar eventuales aspectos a mejorar en los circuitos de actuación y en la articulación interinstitucional, así como también analizar posibles responsabilidades.
Desde la Procuración indicaron que esta revisión busca fortalecer el sistema y consolidar estándares de intervención ante hechos de violencia extrema, garantizando una respuesta integral, eficaz y ajustada a derecho.
En ese sentido, recordaron que la Provincia cuenta con herramientas específicas para la prevención y abordaje de la violencia de género, como el sistema único y centralizado de denuncias, que permite la intervención inmediata de la fiscalía y del juzgado especializado.
También destacaron la implementación del sistema de consigna policial y tecnologías de geolocalización destinadas a optimizar la actuación de las fuerzas de seguridad.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el análisis solicitado forma parte de un proceso institucional de revisión continua, orientado a reforzar los mecanismos de protección a las víctimas y mejorar la coordinación frente a situaciones de especial vulnerabilidad.
