El Tribunal Supremo de España confirmó la suspensión cautelar del derecho al voto de 163.020 ciudadanos nacionalizados mediante una vía administrativa vinculada a la llamada ley de nietos. La medida regirá para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre de 2026 y alcanza a personas que consiguieron la ciudadanía española a través de sus antepasados.

La resolución fue adoptada en Madrid por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que rechazó los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía General del Estado para levantar la restricción antes de los comicios.

El conflicto comenzó con una medida cautelar dictada a principios de septiembre, a raíz de presentaciones de los partidos Iustitia Europa y Vox, liderado por Santiago Abascal.

Por qué no podrán votar en España

Los magistrados argumentaron que el derecho al sufragio no es absoluto y que debe compatibilizarse con la necesidad de garantizar la transparencia del padrón electoral y prevenir posibles irregularidades.

El punto central de la controversia es una instrucción administrativa que permitió tramitar determinadas solicitudes de nacionalidad. Según el criterio del Supremo, ese procedimiento podría haber ampliado los supuestos contemplados en la legislación vigente.

Por ese motivo, la Justicia ordenó distinguir entre las ciudadanías concedidas directamente bajo la ley y aquellas que se aprobaron mediante la disposición administrativa cuestionada.

La suspensión no significa que los afectados pierdan automáticamente la nacionalidad española. La restricción se refiere al derecho a votar en los próximos comicios, mientras continúa la discusión judicial sobre la legalidad de los procedimientos utilizados para obtener la ciudadanía.

La resolución contó con el voto discrepante de la magistrada Alicia Millán. Además, el tribunal ordenó publicar la decisión en los canales oficiales y habilitó un plazo de cinco días para que los afectados puedan presentarse en el procedimiento y formular sus alegaciones.

La controversia se intensificó después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocara elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

Cuando el Supremo dispuso la suspensión, todavía no había una fecha confirmada para los comicios generales. El adelanto electoral redujo los plazos disponibles para revisar las inscripciones y aumentó la presión sobre las autoridades encargadas del padrón.

De acuerdo con la legislación española, el censo debe quedar disponible para su consulta en ayuntamientos y consulados durante ocho días. En ese período, los ciudadanos pueden presentar reclamos por posibles errores en sus inscripciones.

La lista definitiva está prevista para el 23 de octubre. Desde entonces, el registro ya no podrá modificarse para esa elección.