La Legislatura de Salta volvió a convertirse en escenario de un reclamo profundo y urgente. Mujeres wichí del norte provincial se reunieron con el senador Walter Cruz para impulsar la sanción definitiva de la llamada Ley Octorina, una iniciativa que busca visibilizar y prevenir las agresiones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres de pueblos originarios. El proyecto regresó al Senado luego de haber sido aprobado con cambios en la Cámara de Diputados.
La escena tuvo una carga política y simbólica fuerte: las comunidades decidieron presentarse con voz propia para reclamar que el Estado deje de mirar hacia otro lado frente a una violencia que, según denuncian, fue durante años silenciada, relativizada o encubierta bajo supuestas prácticas culturales.
La llamada Ley Octorina volvió a la Cámara alta salteña por modificaciones de forma introducidas en Diputados, por lo que ahora necesita tratamiento final en el Senado. En las últimas horas, referentes indígenas pidieron que ese paso se concrete sin más demoras.
De acuerdo con la comunicación oficial del Senado salteño y reportes periodísticos, la iniciativa apunta a crear herramientas de prevención, sensibilización, capacitación, producción de datos y acceso a la justicia frente a los abusos sexuales sufridos por mujeres, niñas y adolescentes indígenas. No se trata solo de nombrar el problema: el objetivo es darle marco institucional y capacidad de respuesta estatal.
El proyecto tiene como autor al senador Walter Cruz y está asociado al nombre de Octorina Zamora, histórica referente wichí fallecida en 2022, recordada por haber denunciado públicamente la violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas y el silencio estatal frente a esos hechos.
En agosto de 2025, la iniciativa había obtenido media sanción en el Senado provincial. Luego pasó a Diputados, donde fue aprobada con modificaciones en marzo de 2026, lo que obligó a su regreso a la Cámara alta para la definición final. En ese recorrido, el proyecto se convirtió en una bandera para organizaciones feministas, de derechos humanos y comunidades originarias.
Durante el encuentro en la Legislatura, las mujeres wichí respaldaron la ley como un primer paso para el reconocimiento institucional del problema y reclamaron que la sociedad civil acompañe el debate. Según consignaron medios y el propio Senado salteño, también remarcaron que la sanción por sí sola no alcanzará si después no hay reglamentación, ejecución y políticas concretas.
