El Gobierno sumó este viernes una nueva victoria en su raid legislativo y en el cierre del exitoso período de sesiones extraordinarias celebró la aprobación del Senado del Régimen Penal Juvenil, que como punto central baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, ajustándose a los estándares regionales.

Si bien el oficialismo no pudo lograr su objetivo de máxima que era llevar la edad de punibilidad a los 13 años, la propuesta acordada con los aliados fue aprobada con 44 votos positivos y 27 en contra. Hubo apoyo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y los bloques provinciales.

El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, quienes se reunieron con la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, como así también con otros senadores de la oposición que apoyaron la reforma.

Familiares de las víctimas de delitos cometidos por menores siguieron la sesión por la baja de la edad de imputabilidad. Foto: Federico López Claro.Familiares de las víctimas de delitos cometidos por menores siguieron la sesión por la baja de la edad de imputabilidad. Foto: Federico López Claro.

La sesión comenzó con una fuerte discusión reglamentaria porque el senador Gonzalo Guzmán (LLA/Salta), el miembro informante, leyó casi todo su discurso y la cristinista Juliana Di Tullio le reclamó a Victoria Villarruel, vice y titular de la Cámara alta, que haga cumplir el reglamento que impide que los legisladores lean su discurso.

«No se puede leer porque alguien tiene que estudiar las leyes complejas que el Ejecutivo envía y si no tienen a nadie que las estudie y las lea, es una vergüenza», protestó la senadora K, que con un ejemplar del reglamento y de la Constitución, le reclamaba a Bullrich que los leyera.

No tardó en salir al cruce la libertaria María Emilia Orozco, quien le reprochó por las interrupciones irrespetuosas del peronismo. «Estamos solucionando los problemas que ustedes nos dejaron y si respetarán la normativa no tendrían a la máxima referente condenada con una tobillera», planteó la senadora apuntando contra Cristina Kirchner.

Más allá del cruce por el cumplimiento del reglamento, Guzmán destacó que con la nueva normativa, la Argentina se está ajustando a los estándares internacionales en materia penal juvenil. En rigor, se baja la edad de imputabilidad a los niveles que ya se aplican en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana. En Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá el límite fue fijado en los 12 años.

Desde la oposición reclamaron que el Gobierno garantice las partidas presupuestarias. El peronista Jorge Capitanich advirtió que sin presupuesto, estas leyes «quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva si se mantiene la política de ajuste del Gobierno». Casi en el mismo sentido se expresó el radical Flavio Fama.

Orozco, que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a salir al cruce de los reclamos de la oposición y exigió a los gobernadores que empiecen a «hacer un uso óptimo de los recursos y no le tiren la pelotita a la Nación».

Justamente para que la propuesta pueda tener la media sanción de Diputados, con 149 votos a favor y 100 en contra, el Gobierno tuvo que prometer una partida de más de $ 23.700 millones para financiar la aplicación del sistema y habilitar a las provincias a firmar convenios con el Gobierno.