En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó este jueves una serie de modificaciones a la Ley de Glaciares y giró el proyecto a Diputados, donde se definirá su futuro.
La votación terminó con 41 adhesiones y 31 rechazos, con la abstención de la senadora neuquina Julieta Corroza, en un debate que fracturó a varias bancadas.
Uno de los artículos más discutidos fue el 7°, que habilita a cada provincia a determinar la autoridad de aplicación (con excepción de las áreas protegidas por Parques Nacionales), encargada de identificar, «basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas» en la norma; es decir, que «actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
Quienes respaldan la reforma sostienen que los recursos naturales pertenecen a las provincias y que la actualización de la norma permitiría avanzar con proyectos productivos bajo criterios técnicos, en un contexto donde el Gobierno busca apuntalar inversiones, especialmente en minería.
En la vereda de enfrente, sectores opositores y voces ambientales advierten que el texto podría darle mayor margen de influencia a los gobiernos locales frente al interés de empresas y cuestionan un posible debilitamiento del peso técnico del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Durante la sesión también se mencionó que algunos artículos podrían entrar en tensión con compromisos asumidos en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que el Senado trató y aprobó en la misma jornada.
Ahora, la discusión pasa a Diputados, donde se espera un nuevo round de negociaciones y cambios finos antes de una eventual sanción definitiva.
