El brutal e indignante video que dejó en ridículo a la fuerza provincial en el norte salteño provocó un verdadero terremoto político y un giro de 180 grados en las cúpulas de seguridad. Tras confirmarse que un efectivo policial resultó con heridas de arma blanca durante el descontrolado ataque en el ingreso sur a Tartagal, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia decidió cortar por lo sano ante la ola de cuestionamientos sociales.

En una medida de urgencia sin precedentes, el Ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, pateó el tablero y ordenó endurecer al extremo los protocolos de uso de la fuerza. La primera cabeza de la reforma apunta directamente a las herramientas de defensa: el Gobierno provincial confirmó que impulsará la adquisición inmediata de pistolas Taser, buscando dotar a los uniformados de armas no letales para frenar en seco a los delincuentes y evitar que tengan que defenderse arrojando piedras del piso.

La purga interna y la exigencia golpearán de lleno a los 14 Distritos de Prevención de toda la provincia de Salta. El ministro Avellaneda dispuso que todos los efectivos policiales sean sometidos de forma obligatoria a cursos de formación extrema para aprender a intervenir de manera racional ante locos sueltos armados con cuchillos, machetes o elementos cortantes.

El mensaje de la gobernación fue letal: el policía que no apruebe estas capacitaciones de tiro y desarme tendrá su ascenso congelado y verá truncada su carrera dentro de la fuerza. Las nuevas y severas directivas ministeriales ya entraron en vigencia inmediata para blindar las calles salteñas.