El Gobierno confirmó que en los próximos días publicará un decreto para implementar un plan de retiros voluntarios destinado al personal de planta permanente de la administración pública nacional centralizada y de los organismos desconcentrados.
Según lo confirmado por fuentes oficiales, las inscripciones para el programa comenzarán en noviembre y el plan estará orientado principalmente a tres perfiles de trabajadores:
- Empleados en edad para jubilarse que cuenten con los años de aportes necesarios.
- Empleados en edad jubilatoria que requieran abonar una moratoria para completar sus años de aportes.
- Empleados de menor antigüedad o edad que deseen desvincularse de la función pública.
Asimismo se adelantó que el esquema económico contemplará montos diferenciados según la categoría de cada agente. Desde el Gobierno prevén alcanzar una adhesión mínima de 1.000 personas en esta nueva convocatoria.
Tras revelarse el inminente anuncio, los gremios no tardaron en aparecer para pronunciarse en contra. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, manifestó la posición del gremio en declaraciones a Infobae: «Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se tratan de despidos encubiertos. Son medidas que buscan seguir el achique del Estado».
El dirigente adelantó que promoverán la no adhesión al régimen y no descartó el uso de medidas de fuerza.
Tras esto, recordó que los esquemas de retiros voluntarios ya registran antecedentes recientes en otros organismos del Estado. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el programa ofreció el equivalente a 1,5 salarios por año de servicio con topes según la edad; dicho plan cerró con 905 agentes adheridos sobre una meta inicial de 1.200 bajas.
Además, de acuerdo a las estimaciones oficiales, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la dotación total del sector público nacional pasó de 343.357 a 269.025 trabajadores, lo que representa una disminución del 21,6% (74.332 puestos menos) entre la administración pública y las empresas estatales. Desde el Ejecutivo aseguran que este achicamiento generó un ahorro presupuestario superior a los USD 2.500 millones.
