La situación judicial de Carlos Alfredo «Conejo» Martínez se complicó este jueves 8 de octubre. El exintendente de Aguas Blancas fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Además, la Justicia Federal dispuso que permanezca detenido durante los próximos dos meses.
La decisión fue tomada al mediodía por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. La audiencia se realizó a pedido de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (PROCUNAR NOA), que investiga una presunta organización vinculada con el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas.
El fallo se conoció menos de 24 horas después de que Martínez se presentara ante las autoridades. El miércoles había terminado su búsqueda, luego de varios días en los que la Justicia intentó localizarlo. Sin embargo, tanto el exjefe comunal como su abogado rechazaron la versión de que hubiera estado prófugo.
Durante la audiencia de este jueves, la defensa volvió a plantear la situación médica del exintendente. Herrera aseguró que su cliente tiene un estado de salud delicado por un tumor en la cabeza.
Según explicó, Martínez fue sometido a distintas intervenciones quirúrgicas. También mencionó tratamientos en el IMAC y el hospital San Bernardo.
Sin embargo, la Fiscalía cuestionó la documentación médica presentada. Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que la única certificación aportada tenía cuatro meses de antigüedad.
Además, indicaron que los informes solicitados a los centros de salud daban cuenta de una recuperación exitosa del paciente.
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el peligro de que Martínez vuelva a eludir a la Justicia. La Fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para mantenerlo detenido mientras avanza la investigación.
Los fiscales mencionaron su domicilio en Aguas Blancas, localidad fronteriza con Bolivia. También hicieron referencia a su capacidad económica, sus contactos y la influencia que conserva en la zona.
La acusación también advirtió sobre la posibilidad de que el exintendente entorpezca la investigación.
Este argumento contrasta con la versión de su defensa. Mientras Herrera insiste en que Martínez nunca intentó escapar, la Fiscalía considera que su ausencia durante los procedimientos constituye un antecedente relevante para evaluar el riesgo procesal.
