Sergio Herrera, abogado defensor del exintendente de Aguas Blancas Carlos «Conejo» Martínez, negó que su cliente haya permanecido prófugo y sostuvo que se encontraba en la ciudad de Salta por problemas de salud cuando la Justicia ordenó detenerlo.
«Él estaba en Salta al momento de los allanamientos, pero no estaba prófugo. Estaba priorizando su salud», aseguró el letrado. Su versión contradice la información judicial difundida tras los operativos del sábado, cuando se libró un pedido de captura contra Martínez.
El exjefe comunal se presentó posteriormente ante las autoridades acompañado por su abogado. Actualmente permanece alojado en dependencias de Infantería de la Policía de Orán.
La defensa alegó un delicado cuadro de salud
Herrera explicó que Martínez recibió dos intervenciones por un tumor en la cabeza: una en enero y otra semanas atrás. Según indicó, fue atendido en el IMAC y en el hospital San Bernardo y debe someterse periódicamente a nuevos controles y procedimientos médicos.
La defensa también afirmó que las operaciones le habrían provocado lagunas de memoria. «A veces recuerda cosas y a veces no; algunos nombres y otros no», manifestó el abogado, quien adelantó que solicitará informes a los centros médicos para acreditar el estado de salud de su cliente.
Durante los allanamientos fueron detenidas otras seis personas vinculadas con la investigación, entre ellas dos hijos del exintendente, también representados por Herrera.
El abogado cuestionó el resultado de los procedimientos y afirmó que no encontraron elementos relevantes para sostener la acusación. Según su relato, los investigadores incautaron documentación, recibos, el estatuto de la empresa AgroFam, $83.000 provenientes de un comercio, una motocicleta, un automóvil y estudios médicos.
Herrera sostuvo que los movimientos de las empresas investigadas estarían justificados y negó que las firmas de Martínez tengan relación con sociedades vinculadas al contador Dimas José Ruiz.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Martínez habría encabezado una presunta organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. La pesquisa analiza el crecimiento de su patrimonio desde 2012 y los movimientos bancarios de distintas empresas relacionadas con su entorno familiar.
Ese año, el exintendente fue detenido con seis kilos de cocaína y posteriormente cumplió una condena de cinco años. También enfrenta un juicio en otra causa iniciada en 2019 por el hallazgo de 100.000 dólares en Santiago del Estero.
Su abogado anticipó que durante la audiencia de formalización solicitará la devolución de la documentación secuestrada y que se requieran oficialmente las historias clínicas y constancias de atención médica. Las responsabilidades de Martínez y del resto de los investigados deberán ser determinadas por la Justicia.
