Diputados alertan por una posible violación a los derechos del consumidor en los peajes

AUNOA-Autovía del NOA opera el Corredor Noroeste, que comprende 596 kilómetros e incluye tramos de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A016. Sin embargo, desde la implementación del nuevo esquema de cobro, el 7 de octubre, surgieron cuestionamientos de usuarios y legisladores por las tarifas, las modalidades de pago y la falta de información sobre las inversiones previstas.

En este contexto, diputados provinciales presentaron ante la Cámara Nacional un proyecto de declaración en el que verían con agrado que se revise de manera inmediata el cobro del peaje en Cabeza de Buey. La iniciativa también solicita conocer qué obras debe ejecutar la empresa concesionaria, cuáles son los plazos previstos y de qué manera esas inversiones beneficiarán a los usuarios. Además, plantea revisar el funcionamiento del TelePASE y las alternativas de pago electrónico.

El diputado por el departamento Metán, Rodrigo García, explicó que la iniciativa surge de la necesidad de contar con información precisa para ejercer el control legislativo. “La información hoy es el bien más preciado. Si no la tenemos, ¿cómo podemos legislar en consonancia?”, planteó.

El proyecto cuenta con varios puntos, entre los que solicita a Nación que haga públicos el contrato de concesión, los pliegos, el régimen tarifario, las inversiones comprometidas y el cronograma de obras. García sostiene que «necesitamos información precisa y contundente acerca de cuáles son las obligaciones de esta empresa».

Otro de los puntos en revisión tiene que ver con el TelePASE, «castigan a las personas que quieren usar el dinero de curso legal, cobrando más caro a los que no usan telepase», asegura García. Para un automóvil, la tarifa vigente informada en Cabeza de Buey es de $1.850,10 utilizando TelePASE y $3.700,20 mediante pago manual electrónico. Sin embargo, la forma de pago también es deconocida y no fue informada por AUNOR, «no sabemos si hay que bajar una aplicación, si te otorgan un chip para pasar, hay mucha gente que no quiere ni tiene la obligación de sumarse al mundo tecnológico». García sostiene que esta falta de información podría remitirse en una «violación a la Ley de Defensa del Consumidor» y no descartó recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo. «La modernidad no puede ser contemplada como un castigo para aquel que no quiera acceder al famoso TelePASE a través de un chip», sostuvo.

El diputado aclaró que el planteo no busca eliminar el cobro del peaje. Por el contrario, reconoció que la tarifa anterior de $1.500 podía resultar insuficiente para sostener el servicio, pero remarcó que el valor debe analizarse junto con las inversiones comprometidas, la ubicación de las cabinas y el estado de las rutas. “Todos estamos conscientes de que debemos pagar un peaje para el uso de la ruta, pero esa ruta tiene que reunir todas las condiciones de seguridad, calidad, mantenimiento y asistencia al viajero”, afirmó.

En cuanto a las inversiones, el proyecto también pide su revisión, ya que no se informó qué sectores serán intervenidos primero, qué tipo de obra se hará, cuántos kilómetros comprenderá cada intervención, cuánto se invertirá ni cuándo deberían estar terminados los trabajos, «la ruta tiene que reunir todas las condiciones de seguridad, calidad y mantenimiento y de asistencia al viajero como está establecido en cualquier pliego de las licitaciones que se hacen a nivel nacional», especificó García, y agregó «el problema es que habían anunciado una serie de obras en un determinado tiempo y que recién se iba a poner el precio del peaje acorde a la inversión», cuando en realidad hicieron lo contrario.

García destacó que todas las rutas necesitan intervención, sin embargo recalcó que «los tramos Rosario de la Frontera-Metán, Metán-Juramento, son un desastre. Cruz Quemada es otro sector que está bastante complicado. El Estado, Corredores Viales, Vial Cinco y todas las empresas no han hecho el mantenimiento correspondiente resultan el estado que se encuentra la ruta».

Tras la presentación, la iniciativa deberá avanzar en el ámbito legislativo. García explicó que una de las alternativas es tratar el tema en la Comisión de Obras Públicas y convocar al titular de Vialidad Nacional, ya sea al recinto o a la comisión correspondiente, para que brinde explicaciones sobre el contrato, las tarifas y las inversiones previstas.