En un fallo que marca un antes y un después en uno de los conflictos socioambientales más prolongados de la provincia, la Justicia hizo lugar parcialmente a la demanda impulsada por vecinos de la Ruta Provincial 26 y declaró la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM) otorgado a la empresa Metalúrgica Integral S.A., conocida como Metalnor.
La resolución alcanza al proyecto industrial ubicado en el kilómetro 5, en jurisdicción del municipio de San José de los Cerrillos, y beneficia a los habitantes de los barrios Los Pinares I y II, Los Crespones —considerados zona de influencia directa— y también a Los Paraísos, Las Tunas y La Isla, en la zona de influencia indirecta.
El fallo judicial establece la nulidad del certificado emitido el 6 de diciembre de 2023 por el municipio cerrillano, al considerar que el procedimiento administrativo que lo originó presenta irregularidades suficientes para invalidarlo. Sin embargo, la Justicia rechazó otras pretensiones de la demanda contra la empresa, La Rosita S.A. y la Municipalidad, y dispuso que las costas del proceso se distribuyan “por su orden”, es decir, que cada parte asuma sus propios gastos.
Aunque la resolución no implica el cierre inmediato del emprendimiento, sí desarma el principal respaldo administrativo que habilitaba su funcionamiento, y abre un nuevo escenario legal y político.
Para los vecinos, el fallo es un logro después de años de desgaste económico, social y emocional. Elizabeth Avendaño, una de las principales referentas de la lucha comunitaria, sintetizó el sentimiento colectivo: “Fueron cinco años de espera. Por fin se hace lugar a lo que veníamos denunciando: ese certificado era irregular, sin fundamentos, prácticamente una hoja sin explicación ni dictamen adjunto”, sostuvo. Así apuntó directamente contra la forma en que se otorgó el permiso ambiental, al que calificó como un “fraude administrativo”.
