El exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, pena que finalmente se elevó a siete años tras la unificación con una condena condicional previa que registraba.
La sentencia fue dictada por un tribunal colegiado, luego de las instancias finales del juicio en las que se escuchó a los acusados y los alegatos de las partes. La acusación estuvo a cargo de la fiscal penal Claudia Geria, en representación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal.
Con el fallo, el tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal de Gonza como autor material de cinco hechos de peculado y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real. Además de la pena de prisión efectiva, también fue inhabilitado de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
En el mismo juicio también fue condenado el exsecretario de Hacienda de San Lorenzo, Rogelio Higinio Guaymás, quien recibió cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta por hechos de peculado.
Por su parte, el concejal Aldo Dalmiro Gonza fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua, en carácter de partícipe necesario en un hecho de peculado. Además, el tribunal le impuso reglas de conducta por el término de tres años, entre ellas fijar domicilio, someterse a control judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.
Tras conocerse la sentencia, el tribunal ordenó la inmediata detención de Ernesto Fernando Gonza y Rogelio Higinio Guaymás, y dispuso su traslado a la unidad correspondiente para el cumplimiento de la pena.
La denuncia contra los exfuncionarios fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien al asumir en su primer mandato ordenó una auditoría externa sobre la gestión anterior. De ese informe surgieron numerosas inconsistencias que derivaron en la investigación judicial.
Además, el tribunal resolvió remitir antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de un testigo que declaró durante el debate, junto con otros hechos que podrían tener relevancia penal y que surgieron en el juicio.
Durante la etapa de réplicas, la fiscal Claudia Geria ratificó la solidez del proceso y sostuvo que tanto la investigación como el juicio se desarrollaron con pleno respeto de las garantías constitucionales.
También remarcó que las pruebas incorporadas durante el debate, entre ellas documentales, periciales y testimoniales, no fueron desvirtuadas por las defensas. En ese sentido, señaló que los propios imputados no desconocieron la existencia de esos elementos.
