La Cámara de Diputados de Salta analizaría esta semana un proyecto de ley que propone modificaciones en la integración y funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, con el objetivo de reducir gastos estatales y flexibilizar incompatibilidades para sus integrantes.
El proyecto plantea modificar el artículo 4 de la Ley 7863, que regula el funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y también los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8024, correspondiente al Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En los fundamentos, los legisladores remarcaron que ambos organismos cumplen “una invalorable labor” en materia de derechos humanos, prevención de la violencia de género y control institucional, aunque sostuvieron que el actual contexto económico obliga a “optimizar la administración de los recursos públicos”.
Actualmente, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres está integrado por representantes designados por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Senado, la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional de Salta y organizaciones de mujeres legalmente constituidas.
En tanto, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura cuenta con cinco integrantes remunerados y posee un régimen de incompatibilidades que impide a sus miembros desarrollar otras actividades pagas, salvo tareas de docencia, investigación o capacitación.
La propuesta legislativa busca eliminar esas incompatibilidades previstas en la Ley 8024 y establecer que los representantes designados por los poderes del Estado en ambos organismos cumplan funciones ad honorem.
Según se argumenta en el proyecto, la medida apunta a mantener el funcionamiento de las instituciones sin afectar su rol, aunque adecuando su estructura al escenario de restricciones presupuestarias.
El proyecto, si cuenta con el visto bueno de las comisiones, podría ser debatido este martes en la Cámara de Diputados de la provincia.
