El dirigente del PRO, Nicolás Maggio, formalizó una acción de amparo con un objetivo doble: conseguir que la Justicia ordene el restablecimiento inmediato de los recorridos nocturnos de SAETA, interrumpidos por falta de financiamiento, y frenar de manera preventiva un nuevo esquema de recortes que amenaza con vaciar las frecuencias de los domingos. El recurso apunta contra las empresas que operan los corredores urbanos e interurbanos.
La medida de ajuste ya es una realidad desde las 23.30 hasta las 5.30 de la madrugada, una franja que, según advierte el abogado, golpea de lleno en la rutina de miles de trabajadores. “El transporte público es un sistema indispensable”, planteó Maggio en diálogo con L3N, y enseguida trazó un mapa de los sectores más expuestos: “Muchos empleados de hotelería, restaurantes y confiterías no viven necesariamente en la ciudad de Salta y tienen sus horarios a última hora; dependen del servicio interurbano para volver a sus casas”.
El impacto, agregó, no se detiene en la gastronomía y el turismo. También arrastra al personal de hospitales, clínicas y escuelas que cumple turnos rotativos o guardias durante la madrugada y que, sin colectivos, queda virtualmente aislado o forzado a buscar alternativas de traslado mucho más costosas. Para Maggio, la eliminación de las frecuencias nocturnas configura una barrera concreta al derecho a trabajar y a circular.
En el mismo planteo judicial, el dirigente macrista encendió una luz de alerta sobre la situación de los días domingo. Aunque ese recorte todavía no se aplicó, lo consideró una amenaza inminente y pidió que se lo declare ilegal de forma anticipada. Aquí el argumento suma una fibra social: “Mantener el servicio los domingos es clave para visitar a la familia, para acercarse a un centro de salud o para llegar a un lugar ubicado en otro punto de la ciudad”, ejemplificó.
La presentación judicial también reserva un capítulo para señalar las consecuencias indirectas del vaciamiento nocturno. Maggio sostiene que la falta de colectivos en esas horas abre la puerta a un crecimiento descontrolado de remises ilegales —los llamados “truchos”— y expone a los vecinos a mayores riesgos de inseguridad mientras esperan en paradas desiertas o mal iluminadas. En esa línea, el amparo interpela a los organismos que deberían fiscalizar el sistema y que, según su mirada, están en falta.
El letrado fue especialmente crítico con el silencio del Defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos, y del Ente Regulador. “Deberían haber intervenido de oficio, pero como no lo hacen, lo estoy haciendo yo en nombre de los derechos colectivos. Estamos esperando que las autoridades reaccionen”, lanzó, visiblemente molesto por la inacción que percibe en esos despachos oficiales.
En el tramo final de sus definiciones, Maggio giró la lupa hacia la estructura de costos de SAETA y las empresas prestatarias. “Deberían dar una vuelta de tuerca y volverse más eficientes”, exigió, antes de dejar una pregunta que apunta al corazón del esquema de gastos: “¿Cuántos son los cargos políticos que tiene SAETA? ¿Cuántos pasajes de colectivos se pueden cubrir con esos salarios?”. La frase resume su planteo de fondo: antes de recortar frecuencias que afectan a los sectores más vulnerables, la empresa y el gobierno deberían revisar el gasto puertas adentro. El amparo ya está en marcha y ahora la pelota quedó en la cancha de la Justicia.
