La Municipalidad de Aguas Blancas recurrió a la Justicia para frenar las restricciones impuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo.
A través de una acción de amparo colectivo, solicitó que se suspenda la aplicación de la Resolución General emanada del organismo, y que se declare su inconstitucionalidad y nulidad.
El planteo advierte que las nuevas disposiciones afectan directamente a los pobladores de la frontera, en particular a quienes trabajan como bagayeros y dependen del traslado de mercaderías para subsistir. Según los argumentos expuestos en la presentación, la actividad constituye una fuente de ingresos para numerosas familias de Aguas Blancas y Salvador Mazza.
Uno de los puntos cuestionados es la restricción al egreso de granos argentinos y de mercaderías acondicionadas de 10 kilogramos o más, o su equivalente en volumen.
La presentación sostiene que estas limitaciones desvirtúan el objetivo social y económico del régimen fronterizo, históricamente destinado a atender las necesidades de los habitantes de esas zonas.
En el escrito judicial se argumenta que la actividad de los bagayeros no puede ser considerada, por sí misma, una práctica delictiva.
La demanda diferencia el trabajo individual de subsistencia de las estructuras comerciales que pudieran involucrar explotación laboral o maniobras ajenas al régimen autorizado.
También advierte sobre las consecuencias económicas que las restricciones podrían provocar en los comercios y las pequeñas y medianas empresas que dependen del movimiento de mercaderías en la frontera.
La caída en las ventas podría derivar en cierres de negocios, pérdida de puestos de trabajo y una reducción de los ingresos municipales vinculados a la actividad comercial.
Cuestiona, así, que la normativa se haya aplicado sin contemplar las particularidades económicas y sociales de la región.
