El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, cuestionó las nuevas restricciones al egreso de mercadería hacia países vecinos y advirtió que afectarán a comerciantes y trabajadores de la frontera norte.
Sostuvo que las medidas dificultan las ventas de productos argentinos a compradores bolivianos y podrían empujar parte de esa actividad hacia circuitos informales.
“Esto le viene a meter un clavo más al ataúd del comercio argentino hacia Bolivia”, expresó al analizar la Resolución General 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La norma, publicada el 9 de octubre y vigente desde el día siguiente, establece un límite de USD 150 diarios por poblador para las mercaderías que egresen bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo.
También excluye los granos de trigo, soja y maíz en todas sus formas, los combustibles transportados en bidones o tanques suplementarios y los productos acondicionados en envases de diez kilogramos o más, o su equivalente en volumen.
El alcance de la medida se circunscribe a ese régimen, destinado a las necesidades de los habitantes de localidades fronterizas, y no constituye una prohibición general de exportar esos productos.
En sus fundamentos, ARCA señala que el régimen no puede utilizarse con fines comerciales o industriales y que las modificaciones buscan evitar el fraccionamiento de operaciones y los desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados.
A su entender, limitar las operaciones por los pasos habilitados no resolverá el contrabando y puede favorecer el traslado de mercadería por vías informales, con consecuencias sobre la recaudación provincial y municipal.
Zigarán mencionó compras de USD 500, USD 1.000 o USD 2.000 como ejemplos de transacciones que deberían contar con una vía sencilla de formalización.
Vinculó esa propuesta con la integración del norte al Corredor Bioceánico y con la necesidad de facilitar las ventas de producción argentina a los países de la región.
