La situación financiera del transporte público de Salta sumó un capítulo clave. Una nota oficial de SAETA, fechada el 3 de septiembre de 2026, revela que las empresas subconcesionarias ya habían advertido dos días antes que, si el escenario económico se mantenía, podrían quedar imposibilitadas de garantizar la prestación.
El conflicto se da mientras las operadoras aseguran que todavía resta cobrar cerca del 80% de los fondos correspondientes a julio, a lo que se suman compromisos de agosto. El atraso, según sostienen, afecta gastos indispensables como combustible, mantenimiento, repuestos y compromisos con proveedores.
El documento de SAETA está dirigido a representantes de Transporte Automotor del Valle, El Cóndor, Transporte San Ignacio, Transal, Ale Hermanos, Eduardo Ale, Alto Molino, Ahynarca y Eduardo Ale UTE, entre otras firmas que integran el sistema.
La respuesta firmada por el presidente de SAETA, Claudio Mohr, hace referencia directa a una presentación realizada por las compañías el 1 de septiembre.
Según consta en la nota, las empresas manifestaron que, de mantenerse las circunstancias económicas expuestas, podrían encontrarse imposibilitadas de garantizar la continuidad de los servicios a su cargo.
Frente a esa advertencia, SAETA reconoció que está realizando gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Salta para conseguir una «asistencia financiera extraordinaria» destinada a cubrir el déficit operativo del sistema.
También sostuvo que viene efectuando transferencias a las operadoras «conforme a los recursos efectivamente disponibles».
Pese al escenario financiero, el organismo dejó en claro que los contratos continúan vigentes y que las empresas deben garantizar el funcionamiento de los corredores.
En el escrito se les exige adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad, regularidad y adecuada prestación del servicio, «evitando cualquier suspensión, reducción o alteración unilateral» que pueda afectar a los pasajeros.
También advirtió sobre consecuencias contractuales
La respuesta de SAETA no se limitó a solicitar que los colectivos sigan circulando. El organismo señaló que cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas será analizado de acuerdo con los contratos vigentes y el marco jurídico aplicable.
SAETA también aclaró que sus gestiones para conseguir fondos y los pagos que realiza en función de los recursos disponibles no pueden ser interpretados como una dispensa, modificación, renuncia o suspensión de las obligaciones contractuales de las operadoras.
