El sistema de peaje volverá a implementarse en el acceso a la ciudad de Salta como parte de un nuevo esquema de concesión sobre la ruta nacional 9/34, que será licitado el próximo 18 de mayo dentro del tramo NOA.
Así lo confirmó el director de Vialidad Nacional en Salta, Federico Casas, quien detalló que la provincia estará incluida en este proceso junto a Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, en el marco de una licitación que apunta a mejorar la transitabilidad y seguridad de uno de los corredores viales más importantes de la región.
El tramo salteño abarca desde el ingreso por La Candelaria, atravesando Rosario de la Frontera, Metán y General Güemes, hasta el límite con Jujuy. Como novedad, se incorporará un sector que hasta ahora no estaba concesionado: el acceso a la capital salteña, en aproximadamente 45 kilómetros desde la rotonda de Torzalito.
En ese punto se prevé el regreso del peaje en la salida norte de la ciudad, un sistema que ya había funcionado años atrás y que ahora se plantea como mecanismo de financiamiento para el mantenimiento de la ruta.
No obstante, según se indicó, durante el primer año de concesión no se cobrará peaje. Ese período estará destinado a la ejecución de obras de puesta en valor del corredor, y recién una vez certificadas y aprobadas las intervenciones se habilitará el cobro, tanto en el acceso a Salta como en otros puntos del tramo, entre ellos Cabeza de Buey.
El plan de concesión contempla trabajos enfocados en la recuperación integral de la ruta durante el primer año. Entre las tareas previstas se incluyen la reparación de calzada, el reacondicionamiento de banquinas, la reposición de señalización y la demarcación horizontal.
Desde Vialidad Nacional advirtieron que existen sectores con deterioro significativo, especialmente entre Rosario de la Frontera y Metán, donde se registran las mayores complicaciones.
Se trata de un corredor estratégico por el que circulan miles de vehículos a diario, lo que refuerza la necesidad de mejorar sus condiciones de seguridad y transitabilidad.
El nuevo esquema prevé que el control de la concesión quede a cargo de Vialidad Nacional, con el objetivo de garantizar un seguimiento más riguroso del cumplimiento de las obras.
