El raid judicial comenzó a finales de 2024, cuando la justicia dictó las primeras medidas para proteger a la mujer de los constantes hechos de violencia a los que era sometida por parte de su propio hijo.
Ese año, al joven que en ese entonces tenía 23 años se le prohibió acercarse en un radio de 300 metros. Sin embargo, lo que debió ser un límite legal se convirtió en el inicio de una secuencia de agresiones y desobediencias que se extendió por más de un año.
Meses después, ya en 2025, comenzó a agredirla nuevamente. En abril, nuevamente de madrugada, se presentó para advertirle a su madre que no solo destruiría la propiedad, sino que también se llevaría su motocicleta.
La mujer tuvo unos meses de calma, pero a fines de 2025 la amenazó con que le iba a explotar el portón de la casa; en plena víspera de Navidad regresó para romper una de las ventanas de la vivienda. Mientras que en los primeros meses de este año continuaron los hechos de violencia y quedó detenido.
El juez lo condenó a una pena condicional, pero deberá radicarse en la provincia de Córdoba. Mientras organiza su viaje, el juez ordenó una consigna policial ambulatoria en el domicilio de la madre hasta que se confirme que el joven abandonó Salta.
