La causa por el presunto desmantelamiento y contrabando de vías férreas en el norte provincial avanza a una instancia clave: la Cámara Federal de Salta dispuso la elevación a juicio oral del expediente que tiene como principal acusado al exintendente de Rivadavia Banda Norte (Morillo), Atta Miguel Gerala.
La resolución fue adoptada en enero por la jueza María Inés Catalano, quien declaró admisible la acusación del Ministerio Público Fiscal. Ahora, el caso se debatirá ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano, con la intervención del fiscal Eduardo Villalba.
Según la hipótesis acusatoria, la maniobra se habría extendido durante meses e incluiría la presunta connivencia de funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad. La fiscalía sostiene que el exjefe comunal habría facilitado recursos del municipio para concretar el desguace: amoladoras, soldadoras y generadores, entre otras herramientas.
Siempre de acuerdo con la investigación, los rieles eran extraídos del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, en tramos de Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano. Para el corte y traslado, se habría contratado a personas de comunidades originarias. Luego el material se acopiaba en predios municipales y finalmente se lo trasladaba a Bolivia por pasos no habilitados, donde se fundía y se vendía como chatarra.
Uno de los hechos que aparecen como prueba central ocurrió el 18 de mayo de 2024 en Padre Lozano: dos camiones fueron interceptados con unos 180 rieles sin documentación. La carga fue valuada en más de $414 millones y uno de los conductores declaró que habría sido contratado directamente por el ex intendente para mover el material.
La investigación, además, tuvo un punto de partida inesperado: se originó en agosto de 2023, tras una denuncia de personal del Correo Argentino por un cargamento irregular de neumáticos en la Ruta Nacional 51. A partir de allí, la Unidad Fiscal siguió el hilo y detectó una estructura más amplia que, según se informó, estaría vinculada al comerciante David Edilberto Medina, de Orán, señalado como administrador de galpones y coordinador del traslado hacia la frontera.
El expediente ya tuvo definiciones: mediante acuerdos de juicio abreviado, la jueza Catalano homologó condenas para José Miguel «Yopi» Gerala -hijo del exintendente y apuntado como coordinador de la extracción-, para Medina y para un gendarme. «Yopi» recibió seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, en concurso real con cohecho activo y robo agravado cometido en despoblado y en banda.
