El juicio contra exfuncionarios de San Lorenzo sumó este lunes testimonios clave. En la audiencia declararon el actual intendente, José Manuel Saravia Arias, y el ex presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dávalos, quienes fueron denunciantes en la causa iniciada tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión del ex intendente Ernesto Fernando Gonza.
La fiscal penal Claudia Geria representa al Ministerio Público Fiscal en este proceso, en el que Gonza está imputado como presunto autor de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.
En el mismo expediente también están siendo juzgados el contador Rogelio Guaymás, acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y Aldo Dalmiro Gonza, imputado por peculado en calidad de partícipe necesario.
Durante la audiencia, Saravia Arias relató que al asumir la conducción del municipio en 2020 no pudo concretar una transición administrativa con las autoridades salientes. Según explicó, el día de su asunción tuvo que presentarse en el edificio comunal acompañado por escribanos para dejar constancia del estado en que recibía la Municipalidad.
En su declaración, sostuvo que encontraron serias irregularidades administrativas, entre ellas dificultades para ingresar a oficinas, eliminación de registros informáticos y faltante de documentación vinculada a la gestión anterior. A partir de ese escenario, indicó que se ordenó una auditoría interna, cuyo informe final detectó inconsistencias en el manejo de los recursos municipales.
De acuerdo a su testimonio, entre las observaciones figuraban cheques emitidos sin respaldo administrativo, pagos sin procesos de contratación y un sistema informal de entrega de dinero mediante «vales» a funcionarios. Según afirmó, estas situaciones generaron complicaciones financieras al inicio de su gestión.
El intendente también mencionó irregularidades vinculadas con bienes municipales y contrataciones, lo que finalmente derivó en la denuncia judicial para que se investigara el uso de los recursos públicos durante la administración anterior.
Por su parte, Juan Pablo Dávalos, expresidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, declaró que durante 2019 el cuerpo legislativo no recibió fondos del Ejecutivo municipal para afrontar gastos de funcionamiento ni para pagar las dietas de los concejales.
Además, señaló que desde el Concejo se hicieron numerosos pedidos de informes al Ejecutivo en el marco de sus facultades de control, pero aseguró que la mayoría no fue respondida. Según dijo, esa falta de respuestas impidió que el cuerpo pudiera cumplir plenamente su función de contralor.
