Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación. Según indicaron fuentes del Gobierno, la ministra no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de «alto perfil» que debió haber sido consultada previamente y que generó «ruido» público.
La salida se da en medio de una creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Este miércoles, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es «homogéneo y sin excepciones», aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.
La discusión se intensificó tras la difusión de datos públicos a través del sitio «¿Cuánto deben?», que releva información de la Central de Deudores del Banco Central.
En ese contexto, en la oposición avanzaron con pedidos formales. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo y solicitó precisiones al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el directorio del Banco Nación. Además, requirió acceso a la información ante la entidad.
«Si bien es cierto que hay una práctica habitual de los bancos de otorgar créditos con tasas preferenciales a quienes cobran sus salarios o tienen servicios en esas entidades, también llama muchísimo la atención el otorgamiento de préstamos de varios cientos de millones de pesos a funcionarios del Gobierno y legisladores vinculados a La Libertad Avanza, en algunos casos luego de haberse afiliado al partido o tras votaciones trascendentales», dijo Paulón.
En paralelo, el Banco Nación defendió su operatoria y destacó su peso en el mercado. «Nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga el Banco Nación», señaló la entidad, que informó haber concedido más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea. También remarcó que el proceso es «homogéneo, sin excepciones» y que su fuerte participación se vincula con la administración de cuentas sueldo del sector público.
Desde la entidad explicaron además que existen líneas específicas para empleados públicos, como «+Hogares sector público», que permiten financiar hasta el 90% del valor del inmueble, frente al 75% de la línea general, y sostuvieron que los otorgamientos se realizan respetando los criterios de evaluación crediticia.
Fuentes del sector financiero indicaron que este tipo de líneas diferenciales también existe en otras entidades, especialmente de origen estatal, aunque plantearon que puede discutirse si los funcionarios políticos —con menor estabilidad laboral— deben ser equiparados a empleados públicos en el análisis crediticio. También señalaron que las tasas ofrecidas por estas líneas se ubican entre las más competitivas del mercado local.
