La Cámara alta fue convocada exclusivamente para tratar este punto. No hubo otros temas en agenda. El proyecto avanzó sin votos en contra y marca un paso fuerte en materia de control institucional.

La propuesta fija como requisito la realización de estudios toxicológicos para quienes asuman y continúen en cargos públicos dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al impulsar la iniciativa, el gobernador Gustavo Sáenz había sido claro sobre el objetivo.

La intención, según explicó, es garantizar la aptitud física y psíquica de quienes ejercen funciones públicas y reforzar la confianza en las instituciones.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la función pública «no es un privilegio sino una responsabilidad que debe ser asumida con ética, compromiso e idoneidad».

En ese sentido, sostienen que la medida apunta a fortalecer la transparencia estatal y dar mayor legitimidad a quienes ocupan cargos de decisión.

Si Diputados aprueba el proyecto, los exámenes toxicológicos pasarán a ser una condición obligatoria para asumir y permanecer en funciones dentro de los tres poderes.

Esto implicaría que ministros, secretarios, legisladores, jueces y otros funcionarios deberán cumplir con los estudios como parte de los requisitos formales del cargo.

Para Salta, la iniciativa abre un debate fuerte sobre los estándares de idoneidad en la función pública y el control sobre quienes manejan recursos y toman decisiones clave.